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La lógica de la ecuación es simple y perfectamente entendible para todo aquel que no quiera cerrar los ojos. El promedio de edad de la fuerza de trabajo a nivel nacional es de 39 años y solo un quinto de la misma está afiliada a algún sistema jubilatorio y de seguridad social. Peor aún, incluso los que están aportando lo hacen a cajas que o son deficitarias, cuando no están ya directamente en quiebra, o no cumplen parámetros de solvencia mínimamente aceptables. En relativo poco tiempo habrá en Paraguay ejércitos cada vez más grandes de personas que ya no estarán en edad de trabajar y no tendrán ingresos, por lo que su mantención básica y el cuidado de su salud tendrán que ser solventados con impuestos de los contribuyentes.
Por el tamaño de nuestra población y de nuestra fuerza laboral, si no se hace nada drástico al respecto, en unos 20 o 30 años habrá cerca de 2 millones de personas en esa situación. Para tener una idea de la magnitud del problema, si el Estado tuviera que asignarle a cada uno una pensión de apenas la mitad de un sueldo mínimo, a valores actuales se necesitarían 4.500 millones de dólares al año, casi el doble del total de las presentes recaudaciones impositivas del fisco. Significa que habría que duplicar la carga tributaria y los ciudadanos tendrían que pagar el doble de los impuestos que pagan hoy solamente para este fin, sin considerar todavía salud, educación, infraestructura, seguridad, sueldos de funcionarios y ninguna otra necesidad de la población y del Estado.
El FMI considera que en el corto y mediano plazos la situación macroeconómica paraguaya y el endeudamiento público tenderán a estabilizarse si el Gobierno cumple su compromiso de reducir el déficit fiscal y retornar al tope del 1,5% del PIB en 2026. Sin embargo, por las proyecciones demográficas, las necesidades de financiamiento crecerán sustancialmente en los próximos 30 años.
Debido a ello, es crucial y perentorio atender la cuestión previsional, restablecer la sostenibilidad financiera de las distintas cajas e incorporar urgentemente a la población a sistemas contributivos. Esta es una cuestión que no admite demoras, porque depende absolutamente de lo que se haga hoy para poder aspirar a tener ciertos resultados antes de que estalle la crisis.
Lamentablemente, nada concreto se hace al respecto. Este Gobierno hizo aprobar la creación de una superintendencia de pensiones para supervisar el sector, lo cual es apenas un primer y pequeño paso adelante, pero hace ocho meses que se promulgó la ley y sigue sin implementarse.
La Caja Fiscal, que administra las jubilaciones del sector público, está en quiebra técnica. El año pasado perdió más de 300 millones de dólares y en lo que va de 2024 ya lleva un saldo rojo de 900.000 millones de guaraníes, pero se habla del tema y todo sigue igual; nadie se anima a ponerle el cascabel al gato y adecuar mínimamente los beneficios a las contribuciones.
En el Instituto de Previsión Social, que tiene 700.000 afiliados del sector privado, el déficit del Fondo de Jubilaciones y Pensiones se adelantó 20 años a lo que vaticinaban los cálculos actuariales, y ya se están utilizando las reservas técnicas para poder cubrir unas 80.000 jubilaciones, que se incrementan permanentemente. Si nada se hace, en unos 20 o 30 años tales reservas estarán totalmente agotadas. Las actuales autoridades del instituto han presentado algunos paquetes de tibias reformas, pero no se les otorga ninguna prioridad.
Sin embargo, aparte de todo eso, ¡el 80% de la población paraguaya está fuera de cualquier tipo de cobertura! No es necesario que lo diga el FMI para darnos cuenta de que esta es una bomba de tiempo que pone en peligro la viabilidad del desarrollo nacional. Se comete un gravísimo error, tanto a nivel de la clase dirigente como de la sociedad en general, al ignorar o minimizar esta enorme espada de Damocles que pende sobre los actuales trabajadores, sobre nuestros hijos y sobre nuestro país.