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Nada menos que 61 de los 125 legisladores tienen hoy parientes biológicos o por afinidad que ocupan un cargo público, casi todos en su condición de funcionarios incorporados bajo el actual Gobierno. El lamentable hecho revela cuán generalizado está en el Congreso el “uso indebido de influencias”, causal de pérdida de la investidura prevista en el art. 201 de la Constitución. No sería fácil comprobarlo “fehacientemente”, siendo además probable, por decir lo menos, que ninguno de los favorecidos haya demostrado su idoneidad en un previo concurso público de oposición, tal como manda el art. 15 de la Ley de la Función Pública (LFP).
El parentesco oportuno habría sido razón bastante para instalarlos en el Presupuesto en virtud de un acto administrativo nulo de nulidad absoluta. De modo que, aparte de ser destituidos, deberían ser procesados en virtud del art. 314 del Código Penal, que castiga con hasta dos años de cárcel o con multa al funcionario que, “a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas”. El art. 69 de la ley antes citada sanciona con la remoción a quien nombra a un funcionario contra lo que ella dispone, pero no se sabe de ningún jerarca que alguna vez haya sido apartado por esa razón.
Se recuerdan estos preceptos solo para ilustrar que las aberraciones en la función pública no responden tanto a lagunas o a deficiencias normativas –que se suelen invocar– como a que se acostumbra ignorar las leyes con toda impunidad, incluso en el Congreso que las aprueba solemnemente. Es evidente que falta entre una mayoría de legisladores la consabida “voluntad política” para obedecerlas, pero no así la de beneficiar a parientes, amigos y correligionarios, a costa de los contribuyentes. Allí tuvo entrada en mayo de este año un proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que modifica el concebido bajo el anterior Gobierno.
El “amor a la familia” no debe primar sobre el interés general de que el dinero de todos sea empleado para el bien común y no para llenar los bolsillos de la parentela con 1.447 millones de guaraníes mensuales en total: una apropiación indebida que dice mucho acerca de la caradurez de una gran parte de la “clase política”, representada en esta indignante cuestión por 44 congresistas colorados, 16 liberales y un independiente. Podrán haber leyes más o menos sensatas, pero servirán de poco si son violadas con toda impunidad, incluso a instancias de quienes las dictan, demostrando la poca importancia que le dan al resultado de su labor. En el caso en cuestión, han contribuido a que se hayan infringido a la vez las garantías constitucionales de igualdad ante las leyes y de igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. En cuanto a su desapego a la moral pública, es tan evidente que los comentarios huelgan.
Sin duda, el pueblo paraguayo tiene que elegir a representantes mucho más dignos, porque no son pocos los que dan vergüenza ajena en más de un sentido: se sirven de él, en vez de servirlo, como si fuera lo más natural del mundo. Su desapego a la moral pública es tan evidente que los comentarios huelgan. Valga como ejemplo que la diputada Roya Torres (PLRA), imputada con su hijo, el exasesor Elías Godoy, por cobro indebido de honorarios, dijo que van a someterse: “total, la acusación no es muy grave”. Los comentarios huelgan. No hay conciencia de que las leyes están para ser obedecidas, incluso –y aún más– por una legisladora.
Mientras se apruebe la bendita ley que permita salvar las supuestas “lagunas” que existen para combatir el nepotismo, que se apliquen por lo menos las existentes, que si existiera la necesaria voluntad política, ya servirían para evitar las escandalosas manipulaciones legales que permiten llenar las planillas con parentela y allegados, entre ellos los caraduras “nepobabies”.