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La Contraloría General de la República (CGR) emitió un rotundo y lapidario dictamen sobre el presunto uso dado por la Municipalidad de Asunción a los fondos obtenidos para construir obras de infraestructura. Esto es, no se habría podido saber adónde fueron a parar al menos parte de unos 500.000 millones de guaraníes, pese a que, como es obvio, el órgano contralor había pedido los documentos respaldatorios de los supuestos gastos realizados. Por lo demás, según Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría, “la Municipalidad gastó en cosas que no debía gastar”.
En el descargo previo y a modo de disculpa por el enorme desvío perpetrado, el director general administrativo y financiero municipal, Edwin López, admitió que “hay un descalce financiero de graves e impredecibles consecuencias, principalmente lo que respecta al nivel de servicios personales”. En consecuencia, no es raro que el citado funcionario reconozca que “los egresos municipales han crecido sostenidamente en los últimos años”. Es decir, que este crecimiento se dio a raíz de los “servicios personales” y no debido a la ejecución de obras en beneficio de los asuncenos en general. Por algo nuestro diario ha venido sosteniendo que la Municipalidad de Asunción se sirve a sí misma y no a los contribuyentes.
En realidad, las consecuencias no son impredecibles, pues ya se han producido: la Municipalidad estaría de hecho en cesación de pagos (“default”) si no continuara colocando bonos ni contrayendo préstamos bancarios para financiar gastos corrientes, violando el art. 197 de su ley orgánica. Cabe entonces la pregunta: ¿Qué pasará si la Junta Municipal, a su vez muy comprometida por su permisividad manifiesta, esta vez no le autoriza más a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) a emitir bonos o contraer nuevos préstamos? Si le autorizara otra vez, puede predecirse fácilmente que no traerá ningún alivio sino que continuará creciendo la bola de nieve y agravando la situación. Los concejales amigos salvarán quizás momentáneamente a Nenecho, pero hundirán más profundamente a Asunción y sus habitantes.
El sentido común indica que el “bicicleteo” habitual –endeudarse para ir saldando deudas y pagar sueldos– no puede prolongarse sine die, aunque no lo crean así el intendente ni los sumisos concejales. La desastrosa gestión de los últimos años ha llevado a que la Municipalidad deba hoy 817.000 millones de guaraníes en bonos y 857.000 millones en intereses de bonos y de préstamos a largo plazo. Aparte del derroche y de la corrupción, el descalabro financiero, como lo reconoció el director administrativo municipal, tiene mucho que ver con el descomunal plantel de casi nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros, que el año pasado absorbieron nada menos que el 85% de los ingresos tributarios. Mil de ellos fueron instalados por el actual impresentable intendente, siempre con el acuerdo de la Junta Municipal, que, por su parte, cuenta con 1.400 asalariados: 58 por cada uno de sus miembros.
El extenso dictamen en cuestión fue enviado al Congreso, al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público, entre otros órganos. La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de este último órgano encargó a los agentes fiscales Marlene González, Silvio Corbeta y Jorge Luis Arce que investiguen los hechos referidos en la causa abierta a Nenecho por lesión de confianza. Queda claro que, con independencia de la marcha de la pesquisa, la situación actual no puede continuar porque no se vislumbran vías de solución. En consecuencia, se impone desde ya que, conforme al art. 165 de la Constitución y previo acuerdo de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo intervenga la Municipalidad de Asunción, debido a la “grave irregularidad en la ejecución del Presupuesto o en la administración de sus bienes”, atendiendo a lo que surge del dictamen del órgano contralor.
Queda abierta la pregunta de si el presidente Santiago Peña y los diputados cartistas se atreverán a dar ese paso exigido por la ley y la moral o si, como lo afirmó el senador Basilio “Bachi” Núñez, optarán por “no soltar la mano” al intendente, por la sinrazón de que al parecer es un protegido de su líder. La decisión no tendría que resultarles difícil si tuvieran algún sentido de lo que se llama integridad, pues todo parece indicar que, al decir del senador Eduardo Nakayama, estamos frente a la mayor malversación de nuestra historia.