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El Gobierno ha informado que el déficit fiscal anualizado se ha reducido del 4,1% del PIB al cierre de 2023 al 3,2% en mayo. Esta sería una buena noticia si no fuera porque tal reducción no se produjo como resultado de una caída significativa del gasto corriente y de los costos fijos, que, al contrario, se han incrementado, sino de un aumento de las recaudaciones aportadas por los contribuyentes y de un recorte drástico de las inversiones públicas, que en lo que va del año recibieron 50% menos de recursos que en el mismo período del año pasado.
Funcionarios del Viceministerio de Economía y Planificación presentaron en conferencia de prensa el informe de “Situación Financiera de la Administración Central” y se mostraron optimistas de cumplir la meta presupuestaria de un déficit del 2,6% del PIB para 2024, en línea con el nuevo cronograma de convergencia establecido por este Gobierno, que “pateó” el regreso al tope del 1,5% del PIB de la ley de responsabilidad fiscal para el año 2026. Recordemos que ese tope supuestamente ya tendría que haberse conseguido este año, de acuerdo con el plan que había sido aprobado para recobrar un relativo equilibrio después de la pandemia.
Señalaron que la reducción del déficit fue posible gracias a un repunte acumulado en la recaudación del 26,3%, lo cual, hay que decirlo, es en parte mérito de la recientemente creada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, pero en gran medida se debe al ciclo de crecimiento que experimenta la economía nacional y, en cualquier caso, son más recursos extraídos de la ciudadanía para financiar el funcionamiento del Estado.
Por otro lado, al mismo tiempo admitieron que el gasto público no disminuyó, sino todo lo contrario, creció a una tasa del 10,2%. Los funcionarios técnicos mencionaron como principal motivo el incremento en las remuneraciones del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, de las fuerzas públicas, así como la compra de medicamentos y el pago de intereses de la deuda estatal. Es decir, la mayor parte es gasto corriente, principalmente salarios, y otros gastos fijos con tendencia creciente.
Solamente para salarios de la Administración Central, entre enero y mayo se destinaron 1.127,4 millones de dólares del dinero de los contribuyentes, una suma equivalente a todo el presupuesto anual del Ministerio de Educación, casi 8% (601.100 millones de guaraníes) más que en el mismo lapso de 2023.
Otro gran componente es el costo del servicio de la deuda pública, que está experimentando un crecimiento exponencial. En los primeros cinco meses la Dirección del Tesoro destinó 505,2 millones de dólares únicamente para el pago de intereses, lo que representa un aumento del 33,1% en relación con el año pasado en el mismo período. Al mes de marzo el saldo de la deuda del Estado era de 17.441 millones de dólares, el 38,5% del PIB, por encima de la barrera del 35% recomendada por las calificadoras internacionales de riesgo, por ejemplo Fitch Ratings, lo que aleja al país de ascender al tan pretendido “grado de inversión”.
En contrapartida, entre enero y mayo el Tesoro transfirió 144,4 millones de dólares para la ejecución de inversiones públicas, 49,4% menos que el año pasado en esos cinco primeros meses. Ello indica que el déficit se reduce, pero la estructura del gasto no solo se mantiene, sino que empeora cada vez más. El Gobierno opta por no hacer ajustes ni en la burocracia estatal ni en los subsidios corrientes que benefician a una minoría de la fuerza laboral y de la población, y carga el mayor peso en la mayoría de la ciudadanía, a través del cobro de más impuestos y de restarle obras e infraestructura necesarias para potenciar la productividad y el desarrollo nacional.
Algunos analistas han denominado “combinación explosiva” a la tendencia predominante en las últimas décadas de altos y crecientes gastos corrientes y rígidos, por un lado, y bajo y decreciente porcentaje de inversión, por el otro. Ello se profundizó desde 2012, todavía en la administración de Fernando Lugo, cuando se perdió la envidiable posición de superávit, se agravó durante la gestión de Horacio Cartes, cuando se empezó a disparar el endeudamiento, y se desbordó durante el mandato de Mario Abdo Benítez, con la excusa de la pandemia. Hasta el momento, este Gobierno no da muestras en absoluto de estar cambiando el modelo.