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Se tiene la impresión de que el poder económico no le basta para satisfacer su ambición: también quiere “mandar” cada vez más, sobre todo mediante la compra de conciencias en venta, que no son pocas y que están al alcance de su fortuna, como bien lo saben varios legisladores y, naturalmente, el Presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas, bien “retribuidos” y agradecidos exempleados suyos. Este poder fáctico tiende a extenderse informalmente dentro y fuera de las instituciones, pues los oportunistas de siempre saben dónde radica y que es más importante que el formal: escapa al control de los organismos estatales y le tiene sin cuidado que el Gobierno estadounidense lo tilde de “significativamente corrupto”, sin perjuicio de que, con toda prudencia, haya creído oportuno disgregar su grupo empresarial presuntamente para escapar a alguna sanción extranjera. En el Paraguay no tiene de qué preocuparse: él sabe que aquí manda y que quiere mandar aún más.
El hambre le viene comiendo, así que cuanto mayor poder adquiera, más poder querrá ganar. Hoy no tiene rivales en la ANR, cuyos convencionales creyeron conveniente modificar su estatuto para que pueda ser su candidato presidencial en 2013, convencidos no solo por las palabras del entonces senador Juan Carlos Galaverna, aún a su servicio. Ni sus manejos de otrora con los dólares preferenciales ni su hermandad con el condenado Darío Messer han impedido una rauda carrera política, a la que no quiere poner fin: no le atraen los laureles de la senaduría vitalicia, sino la brega cotidiana por espacios de poder, a través de sus fieles.
Pues bien, esa es la realidad actual del Paraguay. Antes de que sea demasiado tarde, es preciso que la ciudadanía se ponga en guardia, en el marco de la Constitución y de las leyes: los derechos individuales pueden resultar cercenados de hecho gradualmente con la complicidad de jueces y de legisladores, sin que se sancione una ley que los anule explícitamente.
Como una “dictablanda” puede preceder a una dictadura de hecho, como la estronista, es necesario resistir a esos paulatinos avances autoritarios que convierten en letra muerta las normativas de un Estado de derecho. Es preciso resistir los inicios, para no lamentar después hechos consumados irreversibles. El remedio podría llegar muy tarde. Es necesario agotar todos los recursos legales para frenar la expansión del autoritarismo, en defensa del sistema democrático: los paraguayos no debemos sufrir en carne propia el destino de los cubanos, de los venezolanos o de los nicaragüenses. Ya conocimos las miserias de más de tres décadas de estronismo. Para no volver a sufrirlas, ni siquiera bajo un ropaje civil, se impone que los demócratas estén muy atentos ante la pretensión de los tiránicos de ir ampliando el poder político mediante el monetario, sin perjuicio de que también recurran a la fuerza bruta, como en aquel asalto sangriento a la sede del PLRA.
La mayoría de la población no se ha puesto en venta, así que hay motivos para confiar en que los aspirantes a déspotas no se saldrán con la suya, aunque varios órganos de origen constitucional ya estén en sus manos. Habrá que construir una trinchera cívica frente a cada libertad que esté siendo atacada, porque no se puede contar con la salvaguardia de los tres Poderes del Estado, entre los cuales no existe un recíproco control. Como el cartismo no puede controlarse a sí mismo, es preciso que la sociedad civil lo vigile en defensa propia, recurriendo a todos los medios legales y constitucionales a su alcance, antes de que sea demasiado tarde. El dinero no debe prevalecer sobre la conciencia moral y jurídica de la gente de bien, que se gana el pan con el sudor de la frente, sin envilecerse ni envilecer a nadie. Si el Paraguay no está en venta, como señalamos, se impone que sus hijos se levanten con la ley en la mano en pro de su dignidad atropellada a platazo limpio.