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Lejos de mejorar, el panorama es cada vez peor, tanto en términos reales como absolutos. En 2023 las remuneraciones sumaron 20,5 billones de guaraníes, frente a 18,9 billones del año anterior. En 2022 representaron el 63% de los tributos pagados por la gente y en 2023 el 65,9%, con la importante salvedad de que el año pasado hubo casi 2 billones de guaraníes más de recaudaciones. Y eso es solamente en la Administración Central, sin considerar empresas públicas y entes subvencionados, como tampoco gobernaciones y municipalidades, donde los salarios en gran parte se financian con transferencias del Gobierno.
Los gastos en servicios personales son una carga muy fuerte no solamente porque absorben un alto porcentaje del presupuesto, sino porque son erogaciones corrientes rígidas, que no se pueden recortar. Nadie en el sector público, planilleros y “nepobabies” incluidos, dejan de cobrar religiosamente sus sueldos y extras. Si se agregan otros componentes rígidos, como el servicio de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones estatales y los diversos subsidios, los ingresos genuinos del Estado ya no alcanzan para nada más. Para que haya un poco de margen hay que recurrir a más endeudamiento o a otras fuentes complementarias, cuando no directamente a emisión inorgánica con efecto inflacionario.
La consecuencia es que se recorta todo lo demás, desde inversiones físicas y pagos a proveedores y contratistas, hasta adquisición de insumos básicos o realización de reparaciones y mantenimiento esenciales para el funcionamiento de los entes. Por eso es tan común encontrarse con obras paradas o demoradas, edificios desvencijados, ambulancias y patrulleras sobre tacos o sin combustible.
Esto se ha ido agravando exponencialmente, prueba de lo cual es que el balance operativo de 2023, de acuerdo con el informe divulgado, arrojó un déficit de 4,8 billones de guaraníes, más de veinte veces mayor que el de 2022, que fue de 215 mil millones. Si se resta la adquisición de activos no financieros y se le suma el endeudamiento neto, Paraguay tuvo el año pasado un déficit primario (diferencia entre el gasto gubernamental corriente y el ingreso por impuestos) del 2,5% del PIB, casi igual al de Argentina.
El gasto corriente en servicios personales del Estado paraguayo ha crecido más de 600% desde 2003, al inicio del mandato de Nicanor Duarte Frutos, cuando era de 2,8 billones de guaraníes, equivalentes al 28% del gasto total. A partir de allí ha habido incrementos sistemáticos y acumulativos de más de 35% por quinquenio y, tal como lo indica el informe financiero, esa relación hoy está completamente desbordada y es a todas luces insostenible.
No puede ser que cada vez haya más funcionarios y cada vez cobren más, con mejoras salariales y de beneficios muy superiores a las del sector privado, y que los servicios a la ciudadanía estén igual o peor. Un ejemplo es el de la docencia. Los docentes representan las dos terceras partes de todo el funcionariado de la administración central y han recibido más aumentos indiscriminados, sin evaluaciones de desempeño, que cualquier otro segmento. Sin embargo, en contrapartida, sus alumnos están entre los de peor rendimiento escolar del mundo, de acuerdo con análisis comparativos en la última prueba PISA.
Obviamente hay excelentes maestros y excelentes funcionarios. El problema es que los planteles están tremendamente inflados con ejércitos de planilleros, politiqueros, haraganes, recomendados, “comisionados”, sin funciones específicas ni necesarias, todo a costa del bolsillo de la gente.