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El presidente del Instituto de Previsión Social, Dr. Jorge Magno Brítez, no respondió la consulta de nuestro diario sobre la grave sospecha de que ha sido sigilosamente ratificado el escandaloso contrato colectivo transado a principios de este año entre administradores de la anterior gestión y sindicatos del ente a costilla de los asegurados. Si ello se confirma, casos como el de la reposera, o incluso el muy cuestionado intento de abrir la posibilidad de invertir fondos previsionales en bonos del Tesoro, quedarán como juegos de niños.
Supuestamente este contrato, a todas luces lesivo, ilegal y nulo, había quedado ad referéndum del Presupuesto 2024, y los distintos sectores políticos se habían comprometido a no refrendarlo ante la lógica e indignada reacción de la ciudadanía. Sin embargo, figura como “validado” y sin modificaciones en el sitio oficial del instituto. El mismo contempla un aumento salarial indiscriminado y automático del 5% anual para todos los funcionarios permanentes y contratados, que serían nada menos que 26.000, más que cualquier otra institución pública o autárquica, incluyendo la Municipalidad de Asunción, según reveló en su momento el sindicalista Juan de Dios Salcedo.
Eso es independientemente del desempeño y por encima de cualquier otro incremento salarial que haya recibido el funcionario durante el año, como también de sus méritos o de sus faltas. Incluso la conocida reposera Miriam Angélica Troche tendría que acceder al beneficio de acuerdo con el contrato. También se prevé que el porcentaje de aumento será mayor si es superado por el Índice de Precios al Consumidor, en cuyo caso será inmediatamente ajustado sin necesidad de negociación previa.
Pero no acaba allí. Adicionalmente, se concede una “gratificación especial” equivalente al 100% del salario (aguinaldo extra) a ser pagada el primer mes del año. Asimismo, ayuda escolar del 40% de un salario mínimo por hijo, bonificaciones por familia, por grado académico, por posgrado, por “formación de mandos medios”, por responsabilidad en el cargo, ayuda alimentaria, becas de estudio de grado y posgrado, con permiso con goce de sueldo de hasta cuatro años.
Además, las siguientes licencias: por examen final de educación media (!) o superior, 12 días al año; por enfermedad de cónyuge, padres, hijos, 45 días al año; disertación en congresos en representación de la institución, 8 días al año; consultas médicas, 10 días al año; reposo por enfermedad, 90 días al año; obligaciones personales, por disposición judicial o gubernamental, 10 días al año; “circunstancias extraordinarias” no especificadas, 30 días al año; Día del Funcionario Público, 1 día al año; fallecimiento de “familiar” (sin especificar), 11 días al año; casamiento, 10 días al año; dolores menstruales, 12 días al año; PAP, mamografías, 2 días al año; exposición a rayos X, 28 días al año; “casos particulares excepcionales”, 12 días al año.
En total, las licencias laborales pueden llegar a 266 días al año, sin contar vacaciones y sin considerar permisos prolongados “de estudios” con goce de sueldo. A modo de comparación, la mencionada reposera adquirió ese mote por haber presentado 73 reposos médicos en el año y haberse ausentado 133 días, la mitad de los previstos en este absurdo contrato colectivo.
Pese a ello, no solamente fue aprobado por el Consejo de Administración, presidido en la época por Vicente Bataglia e integrado por Ricardo Oviedo, del Ministerio de Salud; Ludia Claudina Silvera, del Ministerio de Trabajo; Rodolfo Brítez Ferreira, Gustavo Arias y Miguel Ángel Doldán, “representantes” de los jubilados, los trabajadores y los empleadores, respectivamente, sino que fue homologado por el Viceministerio de Trabajo, en ese entonces a cargo de Luis Orué Servín, del gobierno de Mario Abdo Benítez.
En el sitio oficial del IPS figura el contrato colectivo íntegro, sin cambios, con una resolución del Consejo de Administración del 1 de marzo de 2023 (fecha posterior a cuando el escándalo se hizo público), firmada por los consejeros Ricardo Oviedo, Rodolfo Brítez y Miguel Doldán, por la que se “toma conocimiento” de la homologación y se encomienda a la Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano arbitrar los mecanismos para su implementación.
Este contrato colectivo es nulo, porque está expresamente prohibido comprometer de antemano recursos no presupuestados en negociaciones colectivas en el sector público. Así lo establece el artículo 4, inciso d, de la Ley 508/94, que regula estas negociaciones y establece que no serán objeto de las mismas “los rubros no previstos en el Presupuesto General de la Nación”. Y si quedara alguna duda, existe una “Guía para el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo” de la Secretaría de la Función Pública que reafirma que las negociaciones colectivas en el sector público se rigen por el “principio de legalidad” (solo está permitido lo explícitamente autorizado por la ley) y que deben hacerse en el marco del Presupuesto vigente.
El solo hecho de que lo hayan aprobado y homologado significa que ni los miembros del Consejo de Administración –incluyendo al representante de la Feprinco–, ni el Gobierno de turno ni los sindicatos han mostrado el más mínimo celo por defender los intereses del instituto ni por precautelar el dinero de los asegurados, como cínicamente afirman. Pero si, además, lo pusieron en vigencia, pese a los argumentos y a espaldas de la opinión pública, ello compromete también a las autoridades actuales y constituye lesión de confianza contra cientos de miles de trabajadores y empleadores aportantes.