Cargando...
El colosal fraude de tierras que salió a la luz, con el indignante ropaje legislativo que consistiría en declarar de interés social y desafectar un predio de 131 hectáreas del Estado paraguayo –Ministerio de Defensa Nacional– a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, para su posterior transferencia a título oneroso en favor de sus actuales ocupantes, indigna a la ciudadanía. La Ley N° 7387/15 –claramente ignorada– dice que “todos los inmuebles del Estado –Ministerio Defensa Nacional-Fuerzas Armadas– que sean desafectados, serán únicamente a título oneroso y a cotización de actualidad”, de modo que la Municipalidad debería abonar el valor en cuestión a precio de mercado, antes de venderlos, según el mismo parámetro, a los diecinueve ocupantes irregulares, entre los que figura el titular del PEN, Fernando Camacho, cuya hermana Norma Camacho –diputada– votó por la iniciativa blanqueadora: el político opositor ya anticipó su decisión de renunciar al título de propiedad y a la presidencia de su partido.
Más allá de la cuestión puramente financiera, resulta que en los últimos años, un bien público, situado en las puertas de Asunción, fue usurpado con toda impunidad para erigir allí unas lujosas viviendas con piscinas y muelles privados, impropias de unos humildes labriegos invocados como que desearían cambiar de rubro y abocarse al turismo, como adujeron los diputados, el hoy senador Basilio Núñez (ANR, cartista) y el entonces diputado Edwin Reimer (ANR, cartista) al presentar dos proyectos originales a la Cámara Baja, el 3 y el 17 de junio de 2022 (unificados posteriormente), que fueron girados a cinco comisiones asesoras; la infeliz iniciativa fue aprobada por sanción automática el 27 de setiembre de 2023, tras una artera maniobra que dejó al Senado sin quorum, a instancias del mismo Basilio Núñez, habiendo dictaminado solo una comisión asesora. Estas maniobras dan pie para dudar de las verdaderas intenciones del citado senador, líder de la bancada de Honor Colorado, ya que una vez que la prensa publicó la vil maniobra, descaradamente afirmó que sugeriría al Presidente de la República que vetara la ley de expropiación, presentada por él mismo. Mayor cinismo, imposible.
Pero no solo este caso de tierras adorna los antecedentes de este senador, ya que anteriormente también estuvo relacionado con otras propiedades vendidas en la jurisdicción de Villa Hayes. Se puede recordar igualmente que sacó un descomunal préstamo de más de 1.000 millones de guaraníes de la Cooperativa San Cristóbal, desfondada por deudas impagas por parte de amigos de su expresidente Juan Carlos Ozorio, diputado colorado obligado a renunciar a su banca, hoy preso e imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal.
En la exposición de motivos de uno de los proyectos del escandaloso nuevo caso, se afirma que la propuesta busca poner en regla la situación de unas 16 familias que desde hace décadas pretenderían en vano regularizar “la tenencia de sus tierras”; más aún, habrían abandonado las actividades agrícolas o de autoconsumo, para explotar las bellezas naturales de “Remansito”. Pero quienes querían “estar mejor” a costa de estas tierras no eran precisamente labriegos.
Además, las hermosas construcciones que hoy abundan allí no fueron construídas hace décadas, sino que empezaron a ser levantadas, recién en 2015, y, repetimos, no precisamente por personas carenciadas. Los proyectistas y los despreocupados legisladores que lo secundaron no les dieron la menor importancia a este flagrante atropello continuado a un bien público, cometido por unos avivados que en modo alguno podían invocar su carácter de sujetos de la reforma agraria ni, por ende, razones de interés social. No pidieron la expropiación del inmueble usurpado, sino que apelaron al recurso más fácil de la desafectación para, seguramente, intentar comprarlo a precios muy inferiores a los del mercado.
Como si fueran cómplices de este escándalo, y para mayor bochorno, a los congresistas –nada recargados de trabajo– no se les ocurrió visitar las tierras, para observar la realidad in situ, pese a ganar unos 32 millones de guaraníes mensuales y contar con asesores pagados; se limitaron a tomar nota de las mentiras expuestas por los proyectistas o a desentenderse de la cuestión, como si de un bien público se podría disponer como si fuera uno privado. Los opulentos beneficiarios finales negociarían con la Municipalidad, dominada por el célebre clan Núñez, como si no hubieran ingresado clandestinamente en un inmueble ajeno ni, por ende, merecieran hasta seis años de cárcel, según el art. 142 del Código Penal.
Los actuales ocupantes tienen que ser desalojados cuanto antes, de acuerdo a la ley; si hay igualdad ante ella, estos distinguidos señores que invadieron una propiedad ajena deberían correr la misma suerte de los “campesinos sin tierra” comunes y corrientes. Es saludable que el Presidente de la República se esté haciendo asesorar al respecto, habiéndose constatado, una vez más, que el senador “neurocirujano”, asesor político de Horacio Cartes en su época de jefe de Estado, carece de pulcritud en estas graves cuestiones, sobre todo cuando afectan a su feudo de Villa Hayes. En fin, no está nada bien manipular –o engañar– al presidente Santiago Peña, a quien deja bastante mal parado, en provecho de los amigos y a costa del patrimonio público. Es como para pensar que la bancada que preside debería darse un baño de cordura y buscarse otro líder.