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El intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), anunció que esta semana otorgará la orden de servicio para que el consorcio Parxin implemente el estacionamiento tarifado, pese que su conformación actual violaría el pliego de bases y condiciones de la licitación pública, según el cual la empresa líder debía demostrar haber prestado servicios similares por valor de al menos 20 millones de dólares y tener como mínimo tres años de experiencia en la gestión de 5.000 lugares de estacionamiento. El consorcio fue integrado el 13 de junio de 2016, siendo encabezado por Onix Parque SA, con una participación accionaria del 60%. En la misma fecha, el liderazgo habría pasado a ser ejercido por Geolatina SA, sin la autorización municipal y sin que esta firma reúna los requisitos exigidos a los oferentes en el pliego de bases y condiciones, violándose así el art. 26 de la Ley N° 1618/00, de Concesiones y Servicios Públicos.
Y bien, el 23 de agosto de 2022, la empresa líder se comprometió a vender su participación a la firma Edivi SA, mediante una “carta” que estaba “supeditada a la formalización por parte del Municipio (sic) de Asunción de permisibilidad de la misma”; el permiso nunca se habría dado. Llamativamente, el director de Edivi SA, Daniel Díaz de Vivar, negó la existencia del acuerdo, aunque haya sido firmado también por el Ing. Luis Fernando Canillas Díaz de Vivar, representante legal de la firma, como se demostró con el facsímil publicado por este diario. Por lo demás, Edivi SA tampoco cuenta con la experiencia exigida en el pliego de bases y condiciones.
En cuanto al representante legal de Parxin, Pedro Britos, negó que la composición accionaria se haya alterado, así que Onix Parque SA seguiría al frente del consorcio. Empero, en la “carta” referida –también firmada por Francisco Maioli, en nombre de Geolatina SA– se lee “que en fecha 13 de junio del año 2016, por escritura pública Nro 100, pasada ante la Escribana Katya Ayala, Geolatina SA adquirió de Onix Parque SA el porcentual de participación en el consorcio de referencia, acreciendo su tenencia en 20%, totalizando a la fecha el sesenta por ciento (60%) del consorcio”.
Tan oscuras fueron estas operaciones, que la Contraloría General de la República intervino hace dos meses, a pedido del propio intendente, señalando que “no resulta claro cuál es la firma que mantiene el liderazgo”, razón por la cual la Municipalidad debía pedir la documentación necesaria para dilucidar el asunto. En realidad, ya el 28 de marzo, la Municipalidad había emplazado a Parxin –inútilmente– a que la presente dentro de las 48 horas. Lo cierto es que la opinión pública ignora hasta hoy cuál es la empresa líder, aunque sí sabe que la administración municipal no autorizó ninguna de las transferencias realizadas o previstas. ¿Está enterado el intendente de la conformación actual del consorcio? ¿Autorizó la Municipalidad –retroactivamente– la venta de acciones de Onix SA a Geolatina SA que, por cierto, en 2022 estaba en mora con la Subsecretaría de Estado de Tributación?
Tratando de confundir las cosas, el jefe de Gabinete, Federico Mora, alega que la Municipalidad sería multada si el contrato fuera rescindido. En efecto, se remite a un fallo que la Corte Suprema de Justicia dictó en 2022 con respecto a la rescisión efectuada por la Municipalidad en 2017, porque el consorcio no habría presentado la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Aquí la cuestión es muy distinta: de lo que se trata es de la integración accionaria del consorcio y de que su modificación nunca fue autorizada por el órgano que otorgó la concesión, aparte de que Geolatina SA carece de experiencia en estacionamientos tarifados. De todas formas, todas las irregularidades que pudieron haberse producido se deberían a un mal manejo de esta maloliente cuestión por autoridades municipales y empresas participantes, en las que los asuncenos no tuvieron nada que ver, por lo que no tienen por qué “pagar el pato” que corresponde asumir a quienes la aprobaron y llevaron adelante.
El intendente haría bien en dar a conocer a la ciudadanía la documentación requerida por él mismo y por la CGR, suponiendo que ahora la tenga. Por de pronto, se presume que Geolatina SA compró de Onix Parque SA, sin la autorización municipal, el porcentual de su participación en Parxin, convirtiéndose así en la firma líder. También el órgano contralor debería informar a la ciudadanía si ya cuenta con la documentación a la que no tuvo acceso hasta el 21 de abril y, en caso afirmativo, revelar su contenido. Este turbio emprendimiento que duraría quince años, signado por la falta de transparencia del consorcio frente a la Municipalidad y de esta frente a los asuncenos, tiene que ser cancelado por razones distintas, cabe insistir, a las esgrimidas hace seis años.
Es impertinente amedrentar con la multa, pero no así exigir que todo contrato de concesión se ajuste a la ley y al pliego de bases y condiciones. Si el engendro del estacionamiento tarifado sale bien, “será un gran gol para la ciudadanía”, dijo el jefe de Gabinete; sí: un “gran gol”... en contra.