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En 2021, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) contrató a la firma Sendero SA para que mejore y construya aulas en 15 escuelas del interior del país, a un costo de 7.132 millones de guaraníes. El acuerdo vence en junio, tras una prórroga ya fueron abonados 3.159 millones de guaraníes y solo fueron concluidas tres obras, así que los alumnos de cierta etnia chaqueña deben asistir a clases en una sola aula, de material plástico. Ni los procedimientos legales para una correcta selección de la empresa contratista, ni las normas acordadas hicieron que el MEC se esforzara por hacer cumplir a tiempo lo acordado, pese a que un análisis del Banco Mundial, difundido en 2018 por encargo de nuestro Gobierno, ya ubicaba al Paraguay en las peores posiciones latinoamericanas en cuanto a infraestructura escolar: “la mayoría de las instituciones no cumplen con los requisitos mínimos ni de insumos básicos, y eso afecta su capacidad operativa”.
En otras palabras, las instalaciones son inapropiadas y están mal equipadas, lo que influye en la calidad de la enseñanza impartida; esto significa que las nuevas generaciones entrarán muy mal provistas en la sociedad del conocimiento, más allá de lo que oculta la tasa oficial de alfabetización del 94%. Según el Plan de Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo (Pisa), siete de cada diez estudiantes paraguayos no entienden lo que leen y su país ocupa en matemáticas el puesto 73° de entre 75. El informe del Banco Mundial no se privó de señalar que solo el 5,4% del gasto público educativo se invierte en infraestructura, en tanto que el exjefe del MEC Eduardo Petta señaló que 1.300 escuelas –el 80% de ellas en estado crítico– no tenían título de propiedad.
Que la precariedad edilicia se extienda, pues, a la dominial, es una muestra más de que la educación pública se asienta en bases jurídico-materiales endebles, que afectan directamente a los sectores de menores ingresos. En efecto, se ven forzados a acudir a escuelas y colegios mal mantenidos y peor equipados, que en modo alguno pueden garantizar la igualdad de oportunidades de los educandos. Los docentes suelen ser ineptos, pero aunque no lo sean, sus enseñanzas requieren un ambiente físico idóneo para ser efectivas. No lo serán si debe impartirlas bajo los árboles, porque el techo de un aula puede venirse abajo.
Los recursos destinados a la educación en el Presupuesto nacional no son inferiores al 20% del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. Si el MEC no estuviera superpoblado –en 2018 había escuelas con 20 alumnos y 15 rubros docentes, según el exministro Petta–, no se derrochara ni hubiera tanta corrupción, sería innecesario invertir más fondos, aunque así lo aconseje la Unesco a todo el mundo, al menos en materia de infraestructura educativa.
Gran parte de las gravísimas carencias en este ámbito es atribuible a los Gobiernos departamentales y municipales, que han malversado los recursos previstos en la ley que en 2012 creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, para que los inviertan en proyectos de infraestructura. Es deplorable que su gestión no sea debidamente controlada por los propios vecinos, quienes deberían ser los más interesados en la educación de sus propios hijos. En 2021, el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas fue condenado a cuatro años de cárcel, debido al derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de su ciudad, a raíz del cual resultaron heridos una docente y 23 estudiantes.
Está visto que es imprudente confiar en que las autoridades municipales cumplan con su deber de cuidado, así que conviene empezar por controlar a ellas mismas, algo que debería ser más fácil que hacer lo mismo con las nacionales de la capital. Los alumnos deben aprender con la seguridad y la comodidad financiadas por unos impuestos bien administrados, en función del interés general y no del particular de los que mandan. Desviarlos de la educación pública supone atentar contra el futuro de los menores y, por ende, del país.