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En principio, sería imposible enriquecerse notablemente en el ejercicio de la función pública, pero el matrimonio conformado por el juez Elio Rubén Ovelar y la agente fiscal Marlene González parece haberlo conseguido con creces, según constató la Contraloría General de la República (CGR); en efecto, entre 2002 y 2020, el patrimonio del primero tuvo un aumento de más de 1.613 millones de guaraníes y el de la segunda más de 500 millones. En sus descargos ante dicho órgano, los cónyuges recurrieron a un expediente ya empleado por Jorge Bogarín Alfonso, aún miembro del Consejo de la Magistratura: alegaron haber recibido un anticipo de herencia, presentando sendas escrituras públicas. En tal concepto, el juez habría ingresado 300 millones de guaraníes y la agente fiscal 134.160.000, sumas que, por lo demás, estarían lejos de justificar por sí solas los considerables incrementos patrimoniales registrados. No obstante, la CGR se dio por satisfecha, pero pidió al Ministerio Público “proseguir y/o profundizar con la investigación si fuera necesario”. Y bien, resulta indispensable que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, donde la agente fiscal presta servicios, trate de averiguar la veracidad de los descargos, porque cuesta creer que los beneficiarios solo hayan olvidado mencionar los anticipos de herencia, en sus respectivas declaraciones juradas de bienes y rentas.
De hecho, los “trabajos de control y fiscalización puntual” con respecto a las declaraciones juradas del juez fueron sugeridos a la CGR por el Ministerio Público, el 9 de abril de 2021, tras la denuncia por enriquecimiento ilícito, formulada contra él por el ciudadano Hugo Sánchez. Si el órgano contralor necesitó dos años para realizar esas tareas, que eventualmente deberían ser proseguidas o profundizadas, quiere decir que no fueron exhaustivas y que el mismo, que intenta lavarse las manos, bastante indolente. En verdad, la pareja sería no solo muy olvidadiza, ya que habría omitido declarar inmuebles, cuentas bancarias y vehículos, entre otras cosas, sino también de lo más distraída: no se percató de que los ingresos que dijeron tener casi decuplican los que manifestaron a la Subsecretaría de Estado de Tributación, lo que podría configurar el hecho punible de evasión impositiva.
La declaración jurada falsa de bienes y rentas, a la que Elio Rubén Ovelar no le daría la menor importancia, es un delito que también puede estar ligado al de enriquecimiento ilícito, cometido por el funcionario que obtuvo la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de compra, posesión o usufructo supere sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge o conviviente, o haya cancelado en las mismas condiciones deudas u obligaciones que afectaban su patrimonio, el de su cónyuge o conviviente y el de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad. En otras palabras, “olvidarse” o hasta “equivocarse” voluntariamente puede servir para ocultar el fruto de sobornos o malversaciones y hacer que las declaraciones juradas de bienes y rentas sean una mera formalidad intrascendente, si su falsedad no es sancionada con todo el rigor de la ley. Quienes las presentan deben saber que se trata de documentos muy importantes, que sirven para prevenir o detectar la comisión de un delito: si se enriquecieron lícitamente, no tienen por qué “olvidarse” ni “equivocarse” al consignar los datos.
Existiendo presunciones graves de que el juez y la agente fiscal habrían cometido uno o más hechos punibles, corresponde que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sin perjuicio de enjuiciarlos desde ya, pida a la Corte Suprema de Justicia que sean suspendidos en el cargo: resulta intolerable que sigan imputando o juzgando, mientras pesan sobre ellos tan fuertes indicios. La máxima autoridad judicial ya dispuso una investigación preliminar en torno a la grosera arbitrariedad cometida por Elio Rubén Ovelar, cuando prohibió el ingreso del público al dictarse un inicuo fallo absolutorio en un reciente caso de declaración jurada falsa de bienes y rentas; en cierto sentido, habría sentenciado en causa propia, exculpándose. Con toda evidencia, carece de versación jurídica y de autoridad moral para impartir justicia.
El matrimonio en cuestión es un buen ejemplo de lo mucho que hace falta hacer para sanear la judicatura y el Ministerio Público, labor indispensable para que el principio de igualdad ante las leyes sea efectivo. Quienes imputan o condenan deben estar exentos de la menor sospecha de haber delinquido, de modo que conviene que la CGR haga un examen aleatorio de las declaraciones juradas de bienes y rentas entregadas por magistrados y agentes fiscales: controlar es mejor que confiar, más aún en un país azotado por la corrupción feroz.