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Ha levantado polémica, y hasta indignación, la recomendación del Fondo Monetario Internacional de elevar los impuestos para reducir el déficit fiscal. La reacción es comprensible y justificada, porque, contrariamente a lo que algunos afirman, los contribuyentes paraguayos hacen un gran esfuerzo tributario y no reciben a cambio una contraprestación mínimamente equivalente ni señales de que los recursos aportados son bien utilizados. Sin embargo, no es con el FMI con el que hay que enojarse, sino con los gobiernos y las mayorías parlamentarias que han venido incrementando incesantemente el gasto y el endeudamiento públicos y, en contrapartida, hace treinta años incumplen la promesa de reformar el Estado para introducir criterios estrictos de racionalidad, eficiencia y honestidad. La situación se ha vuelto insostenible y, si no se revierte de manera urgente, los ciudadanos tienen que saber que el peso indefectiblemente recaerá sobre sus espaldas.
Al margen del FMI, hace tiempo que renombrados analistas independientes vienen advirtiendo que, de continuar la tendencia que se inició hace una década y se disparó en años recientes, la suba de impuestos será inevitable. En octubre del año pasado, antes del estudio y posterior aprobación y promulgación del actual Presupuesto 2023, se dieron a conocer resultados de simulaciones econométricas que mostraban un solo y único escenario en el cual el próximo gobierno podría manejarse sin extraer más tributos de la ciudadanía. Para ello se requería una escrupulosa disciplina estatal durante cinco años, con un inmediato retorno, por lo menos, al tope del déficit del 1,5% del PIB que mandaba la suspendida ley de responsabilidad fiscal. Ello no solamente no se materializó en el nuevo Presupuesto, sino que se hizo todo lo contrario en tiempo electoral, con aumentos salariales, “reasignaciones” de rubros de capital para gastos rígidos corrientes y abultamiento de las estimaciones de ingresos para “calzar” las mayores erogaciones.
El término “calzar” en la jerga contable alude a la correspondencia entre el debe y el haber. En otras palabras, tienen que preverse recursos para solventar los gastos presupuestados. Esos recursos provienen siempre, de una u otra manera, del bolsillo de la gente, única fuente de financiamiento del Estado, ya sea por las contribuciones que se hacen hoy, ya sea por las que se harán en el futuro para pagar las deudas, ya sea por las rentas del patrimonio nacional o explotación de recursos naturales que son de todos, ya sea por medios indirectos, como la inflación por desborde monetario. Si el Estado paraguayo no deja de engordar, cada vez es más pesado y más inoperante, cada vez necesita ropa más grande y cada vez cuesta más caro, sí o sí demandará más impuestos.
Ese es el panorama con el inflado y deficitario Presupuesto promulgado, donde el 90% de los ingresos tributarios están asignados a gastos rígidos, que son remuneraciones al personal, jubilaciones y pensiones del sector público, y servicio de la inatajable deuda estatal, por lo que Hacienda ya no tiene espacio para hacer recortes y tiene que conseguir recursos como sea.
Hay quienes coinciden con el FMI en que en Paraguay se pagan pocos impuestos, supuestamente porque la “presión tributaria” es baja en relación con otros países, entre el 10% y el 13% del PIB dependiendo de la base que se tome. Pero este es un ratio sumamente engañoso en nuestro país por dos razones. La primera es que por lo menos el 40% de la actividad económica se maneja en negro, por lo que esa presión es mucho mayor sobre los que se desempeñan en el sector formal y cualquier incremento tributario vuelve a recaer desproporcionadamente sobre ellos. La segunda es que la “presión tributaria” en Paraguay no incluye impuestos municipales ni cargas sociales, que sí están contemplados en otros países con los que nos comparan. Tampoco se incluyen los aportes provenientes de las hidroeléctricas, como si no fueran empresas paraguayas.
En todo caso, más representativo es el concepto de “carga tributaria”, que se mide por la “tasa efectiva de tributación” a partir de las declaraciones de los contribuyentes reales en el Sistema Marangatu. Consiste en la suma de los aportes de las empresas, más las retenciones que les fueron practicadas, menos las retenciones que ellas les practicaron a terceros, menos las devoluciones, en relación porcentual con sus utilidades antes de impuestos. Incluyendo los aportes patronales a la seguridad social, el promedio de carga tributaria en Paraguay sobre las empresas es del 25,2%, uno de cada cuatro guaraníes de renta generada.
Pero el punto es que las finanzas públicas están en situación límite, con diez años de déficit fiscal ininterrumpido y acumulado, por encima de todos los parámetros de prudencia, con una deuda del 40% del PIB y con inquietantes desafíos de corto y mediano plazo, como el saldo rojo exponencial de la Caja Fiscal. O se hacen reformas y se reducen drásticamente los gastos, o se suben los impuestos, no porque lo diga el FMI, sino porque no quedará otra alternativa. Los que se postulan para administrar el país deberían aclarar al electorado, antes de los comicios, por cuál de los dos caminos van a optar.