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En su “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, el Departamento de Estado norteamericano tachó de “endémica” la impunidad de quienes en el Paraguay ocupan importantes cargos públicos, pese a las numerosas denuncias periodísticas de malversación, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal. “Al 17 de octubre, los casos de corrupción de alto nivel no resueltos incluían a cuatro exministros de Gobiernos anteriores y a dos del actual, a tres exmiembros del Congreso y a siete legisladores en ejercicio, a un ex fiscal general del Estado, a tres exgobernadores y a un juez de la Corte Suprema de Justicia”, expresa el citado informe. La politización y la corrupción permearían todo el Poder Judicial, en tanto que las pesquisas y acusaciones del Ministerio Público –dirigido hasta hace poco por Sandra Quiñónez– habrían sido en general lentas, habiéndose dictado los fallos respectivos al cabo de varios años. Se trata de un buen resumen de la dramática situación reinante, al que cabría agregar que la nefasta ex fiscala general del Estado hizo algo más que demorarse en sus actuaciones: lisa y llanamente, llegó al colmo de cajonear denuncias que afectaban a mandamases de ayer y de hoy, para despedirse del cargo con más de cuatrocientos nombramientos irregulares, hechos en los últimos tres meses, hoy felizmente anulados.
Vale la pena, en el literal sentido de la expresión, volver a recordar algunos jalones de su pésimo desempeño: no avanzó en las varias causas que afectan al expresidente Horacio Cartes ni en la que atañe al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Nunca averiguó quién dispuso el atropello de la sede del PLRA, que llevó a la muerte al joven Rodrigo Quintana; estuvo cerca de provocar la prescripción del caso del metrobús, o sea, de asegurar la impunidad del exministro Ramón Jiménez Gaona; ignoró el informe del Senado, de 2019, sobre quiénes cooperaron con el “hermano del alma” Darío Messer y el de una Comisión Bicameral de Investigación, de 2022, sobre lavado de dinero y delitos conexos; no le importaron los más de treinta informes remitidos por la Seprelad con respecto a operaciones sospechosas de Horacio Cartes, de Darío Messer y del diputado Erico Galeano (ANR), entre otros; no le interesó investigar que unos treinta jueces y agentes fiscales sirvieron al usurero Ramón González Daher, según el tribunal de sentencia respectivo. En fin, congeló 102 denuncias y reportes de la Contraloría General de la República (CGR) sobre presuntos delitos cometidos en cuarenta organismos, entre 2019 y 2022, que habrían causado un daño patrimonial de 560.592 millones de guaraníes.
Con lo referido basta y sobra para que Sandra Quiñónez sea investigada de oficio por el Ministerio Público, sin necesidad de que el Senado la denuncie por prevaricato, obstrucción a la investigación penal y complicidad, tal como lo ha solicitado la bancada de Frente Guasu. El presidente del Congreso, Óscar Salomón (ANR), y la senadora Desirée Masi ya acercaron al nuevo fiscal general del Estado documentos en torno a irregularidades administrativas que, por cierto, nunca pudieron ser constatadas por la CGR, pues su antecesora creyó oportuno cerrarles las puertas a las pesquisas correspondientes.
El último 5 de diciembre, la entonces fiscala general del Estado recibió “un reconocimiento público de parte de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay por la gestión 2022 al frente del Ministerio Público y en agradecimiento por el apoyo a la labor fiscal”, según se lee en la página web de la institución. Es evidente que no solo la cabeza estaba podrida; en el plantel abundan los “clavos miguelito”, que el doctor Emiliano Rolón tendrá que saber eludir o, mejor aún, sacar del camino y arrojar a la cárcel, según sea el caso.
Quien delinquió debe recibir la sanción prevista en el Código Penal. Si Sandra Quiñónez lo hizo, debe recibir la pena que contempla el Código Penal, para lo cual es preciso que se abra cuanto antes la correspondiente carpeta fiscal.
La lucha ciudadana contra la impunidad “endémica” tiene que iniciarse en el Ministerio Público: su depuración es imprescindible para disuadir a los corruptos, desde ya inaccesibles a las prédicas morales. El principio de igualdad ante las leyes supone que estas deben caer tanto sobre los motoasaltantes como sobre los malversadores de alto rango, pasando por los agentes fiscales que están al servicio de delincuentes de toda laya. El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón está acusado desde 2019 de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sería improbable también, según fuertes indicios, que la sucesora salga indemne de una seria investigación fiscal, si ya no contara con el respaldo político-monetario que la salvó de cuatro intentos de juicio político. Sería lo deseable, para empezar a lavar el rostro de la República, enlodado por la corrupción y la impunidad que, como surge del nuevo informe internacional aludido, la caracterizan ante el mundo.