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En 2015, la Municipalidad asuncena concesionó la gestión, el ordenamiento y la explotación del estacionamiento controlado y tarifado al consorcio Parxin, integrado por la firma argentina Onix Parque SA, la israelí Parx Ltd. de Rosh Pïna y la paraguaya Geolatina SA. El siguiente año, esta última adquirió de la primera su participación en el consorcio, elevando así la suya del 40 al 60%. El pliego de bases y condiciones de la licitación pública dispone que corresponde “única y exclusivamente a la empresa líder” cumplir la exigencia de que el oferente posea evidencia documentada de la provisión de servicios similares por al menos 20 millones de dólares y cuente, como mínimo, con una experiencia de tres años en la gestión de 5.000 lugares para estacionar. La “empresa líder” sería la citada Onix, que según el mismo representante de Parxin, Pedro Brítez, es la que cumple los requisitos exigidos para la concesión.
Siendo de pública notoriedad, es innecesario demostrar que Geolatina SA no cumple con estos requisitos. Además, la compra mencionada se realizó sin la autorización municipal, violándose así el art. 26 de la Ley N° 1618/00, según el cual “el concesionario (...) podrá transferir la concesión o los derechos de la sociedad concesionaria, con autorización de la entidad concedente y solo a favor de quien reúna los requisitos que se exigieron a los oferentes en el correspondiente pliego de bases y condiciones” (las negritas son nuestras). La empresa líder desde hace casi siete años no reúne esos requisitos, de modo que el consorcio ha quebrantado este documento.
Se trata de dos incumplimientos graves de las condiciones de la concesión, cuya declaración como tales debe ser pedida por la Municipalidad “ante la instancia de conciliación o el árbitro, formalmente y por escrito”, de acuerdo al art. 44 de la ley citada. Es indudable que, habiéndose ignorado gravemente tanto el pliego de bases y condiciones como una clara disposición legal, corresponde que la concesión ya se dé por “terminada”, previa declaración del árbitro de aplicación. Es presumible que si el consorcio Parxin ocultó información a la Municipalidad fue porque sabía que la sobreviniente participación mayoritaria de Geolatina SA implicaba una seria irregularidad; ya es tarde para que hoy rompa su malicioso silencio, poniendo “toda esta información a disposición del municipio, para el esclarecimiento y transparencia de todo el proceso”, según dijo su representante legal, Pedro Britos, muy suelto de cuerpo.
Por si todo esto fuera poco, ahora resulta que la empresa Edivi SA, de la familia Díaz de Vivar, está negociando la compra de las acciones de Geolatina SA, pese a que está lejos de tener la experiencia y la capacidad técnica exigidas en el pliego de bases y condiciones. La revelación periodística de la “carta de intención y compromiso de venta y cesión” hizo que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), suspenda la concesión por tiempo indeterminado, ordene una auditoría interna y pida la intervención de la Contraloría General de la República (CGR).
El proceso iniciado en 2013 se está convirtiendo así en un gran fiasco, gracias a los manejos ocultos del concesionario, cuya composición real sigue siendo un misterio, y a la falta de vigilancia de la Municipalidad: ya en 2015, la CGR le hizo notar que el adjudicatario Parxin no había presentado la garantía de fiel cumplimiento del contrato y, por ende, le recomendó rescindir el mismo. Así se hizo en 2017, siendo la decisión municipal revocada tres años más tarde, por un fallo arbitral. Los hechos que salieron a la luz posteriormente hacen necesario, una vez más, poner fin a la concesión, siguiendo el procedimiento legal. Por decir lo menos, estamos ante una chapucería que los pobladores y los visitantes de Asunción no tienen por qué soportar durante nada menos que quince años. Si esta historia empezó de lo peor, no es absurdo suponer que su desarrollo sería desastroso.
En verdad, todo esto huele muy mal, sin que la gran mayoría de los 24 concejales lo advierta o esté participando de alguna manera en el enjuague. Al menos, deberían opinar al respecto. Los dos que lo hicieron –los liberales Félix Ayala y Fiorella Forestieri– están a favor del engendro. ¿Quién controla a los controladores?
Es necesario, pues, que los conductores se movilicen para demandar que se ponga fin a esta malhadada iniciativa, lo que no supone necesariamente oponerse al estacionamiento tarifado. El punto es que la concesión debe ajustarse al pliego de bases y condiciones y a la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, es decir, a las normas que la rigen, mal que les pese a los avivados y a sus socios de la Municipalidad capitalina.