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La chikunguña –enfermedad viral transmitida por el mosquito, contra la que no existen vacunas– ya ha provocado una emergencia ambiental, sobre todo en el Gran Asunción: la cuestión es que no se convierta en una emergencia sanitaria, según el doctor Julio Borba, ministro de Salud Pública y Bienestar Social.
Ocurre que en los últimos meses ya se registraron más de 18.000 casos de la enfermedad, y catorce fallecidos, siendo las principales víctimas niños y adultos mayores. Es previsible que las cifras aumenten, dado que aún no se estaría “viendo el pico” y que las clases empezarán en breve.
Como la situación ya resulta preocupante, se creyó oportuno realizar una reunión en el Palacio de López, a la que asistieron, entre otros, el ministro mencionado y su par de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate; el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann; autoridades sanitarias y los intendentes Tomás Olmedo (Ñemby, ANR), Optaciano Gómez (Limpio, PLRA), Fernando Negrete (Ypacaraí, PLRA) Carolina Aranda (Mariano Roque Alonso, PLRA). Las deliberaciones giraron en torno a la campaña comunicacional para concienciar a la sociedad, y a la disposición final de la basura, así como de los bienes en desuso –públicos y privados– como potenciales criaderos de mosquitos.
Con toda evidencia, hay que seguir insistiendo en la necesidad del aseo hogareño, más aún atendiendo que el 95% de esos criaderos se halla en las viviendas habitadas, de acuerdo al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa): la gente debe aprender de las experiencias acumuladas con el dengue y darse cuenta, de una vez por todas, que el agente transmisor se multiplica gracias a la negligencia en el ámbito doméstico; aquí los primeros responsables de preservar la salud propia y ajena son los moradores de las casas e incluso los dueños de los lotes baldíos descuidados, adonde se arrojan residuos sólidos que pueden contener agua de lluvia. No hay que esperarlo todo de la Municipalidad o del Estado, sino tomar las medidas higiénicas que están al alcance de todos para impedir la proliferación del mosquito.
No obstante, las municipalidades tienen el deber fundamental de mantener limpias sus respectivas localidades, y aplicar las leyes punitivas para el efecto, si fuere necesario. Para ello no necesita directivas del Gobierno ni “apoyo interinstitucional”, como reclama la intendenta Carolina Aranda: bastaría con que ponga a trabajar a sus numerosos funcionarios y ser intransigentes con los “puercos”. Su colega ypacaraiense Fernando Negrete habló del alto costo que implica recoger los desechos y pidió también la cooperación estatal. Además, se quejó de que limpiar con cada epidemia “cansa un poco”. Increíble. Le cansa hacer su trabajo. Cabe preguntar a estos munícipes en qué invierten los recursos que aportan sus compueblanos, si no es para mantener limpias y saludables sus ciudades. Y, cuando no, también el doctor Gustavo Chamorro, director del Senepa, aludió a los “recursos limitados” de este órgano. Nunca hay dinero suficiente para atender las necesidades de la población, pero sí para ir engordando la burocracia.
El director general de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera, dijo que los neumáticos son un “gran desastre nacional” y que los residuos sólidos inservibles, como los electrodomésticos en desuso, generan el 80% de los criaderos de mosquitos hogareños, lo que plantea la cuestión de cómo deshacerse de ellos si la Municipalidad no los recoge. Conste que habría empresas dedicadas a reciclar aparatos desechados, pero hasta hoy no han sido aprovechadas para librar de ellos a las zonas urbanas.
Se trató, en fin, de un encuentro en el que se intercambiaron inquietudes sobre un tema de ya larga data que tanto afecta la salud pública, pero que no se llega a solucionar, principalmente por la irresponsabilidad de los habitantes y la negligencia de las autoridades. Se habla mucho de los criaderos de mosquitos desde que en 1989/1990 –más de 30 años ya– apareció el dengue, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas eficaces para combatirlos: ya se sabe lo que se debe hacer, pero la historia se repite cada año. Si lo que falta es dinero y siendo el fenómeno previsible, el Gobierno central y las municipalidades deben tomar cada año las disposiciones presupuestarias adecuadas. Con la larga experiencia recogida, ya no hay lugar para las excusas.