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Uno de los factores de incertidumbre en el campo económico en el año que comienza es la caída de la inversión estatal, en parte como consecuencia de los recortes en el Presupuesto para reasignar esos recursos a salarios y gastos corrientes en el año electoral. Ante esto, algunos gremios de la construcción están comenzando a presionar para que el Estado tome más préstamos, habida cuenta de la importancia de encarar obras públicas y del impacto que estas tienen en la generación de empleos y en el crecimiento. Que el país necesita infraestructura no cabe duda. Que las obras públicas son beneficiosas para la economía es teóricamente cierto, aunque no forzosamente, solo bajo ciertas condiciones. Pero aumentar aún más el endeudamiento en las circunstancias actuales ya no es sostenible.
Representantes de esos gremios sostienen que la deuda todavía es “manejable”, a sabiendas de que es falso. Todo lo contrario, la bola de nieve se ha vuelto imparable y amenaza con llevarse todo a su paso, tal como se viene advirtiendo hace años ante los oídos sordos de gobernantes, de la mayoría de la clase política y de los sectores interesados. Hace tan solo una década el saldo de la deuda pública equivalía al 10% del PIB, la mayor parte estaba a largo plazo con organismos multilaterales, era un ancla de la estabilidad macroeconómica y generaba elogios y sana envidia en nuestra convulsionada región. Hoy ya es del 37,3% del PIB, más de la mitad es en bonos del Tesoro y en instrumentos en manos de prestamistas privados, y el 80% está en moneda extranjera (uno de los mayores ratios de América Latina), lo que aumenta la vulnerabilidad del Paraguay frente a shocks externos.
Lamentablemente, este aumento exponencial del endeudamiento público, que se duplicó durante el gobierno de Horacio Cartes y se volvió a duplicar durante la presente administración de Mario Abdo Benítez, no se refleja en la medida que corresponde en obras que alivien los cuellos de botella de la actividad económica y potencien el desarrollo nacional. Obviamente algo se ha hecho, pero no en una proporción mínimamente aceptable en comparación con los préstamos que se han tomado. Prueba de ello es que hoy el Estado paraguayo debe 15.000 millones de dólares, equivalentes a quince presupuestos enteros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y Paraguay sigue estando entre los países con peor infraestructura de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
Una de las causas principales de esta situación es el desvío de esos fondos. En vez de utilizarlos para apuntalar la economía y la calidad de vida de la gente, fueron sistemáticamente “reasignados” para subsidios, contratación de personal y aumentos salariales a funcionarios, privilegios para la clientela y provecho personal de tomadores de decisión que se han dedicado a congraciarse con minoritarios grupos de presión y llenarse los bolsillos propios con el dinero de todos. La mayor parte de la deuda nacional se ha esfumado en la financiación de diez años consecutivos de déficit fiscal de un sector público donde nueve de cada diez guaraníes de lo que se recauda se destina a gastos rígidos corrientes y al pago de amortización e intereses de esa misma deuda que crece sin parar.
La otra gran causa es el tremendo despilfarro provocado por la ineficiencia en la ejecución, las prácticas oligopólicas, cuando no directamente la corrupción, en todo lo cual, hay que decirlo, ha estado innegablemente involucrado el sector privado contratista. Aunque ensayen todo tipo de excusas y justificativos, nunca han podido explicar convincentemente por qué, en promedio, un kilómetro de ruta cuesta en Paraguay entre 1,5 y 2 millones de dólares, contra 700.000 a un millón de dólares en la región, y contra 200.000 dólares en Europa, donde la mano de obra es mucho más cara y la calidad es muy superior.
Todo esto ha llevado la deuda paraguaya al límite, esa vía de financiación se ha agotado. Para sostener el ritmo de inversión, más allá de lo que pueda contribuir el sector privado por su cuenta y riesgo, la única opción en recortar los gastos corrientes para aumentar los de capital, mediante una profunda reforma del Estado que restablezca los equilibrios de las cuentas nacionales y ponga realmente los recursos públicos al servicio de la mayoría de la población.