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El Presidente, hay que decirlo, ha cumplido su palabra de no derrochar energías en ambiciones reeleccionistas ni poner con ello en peligro la institucionalidad de la República, tal como ha ocurrido con casi todos sus antecesores. Y encima perdió su candidato, por lo que, en teoría, ha quedado libre de ataduras electorales de cara a los comicios de abril. El lado bueno de ello es que, a estas alturas, ya no debería tener otros compromisos más que los que asumió con el pueblo paraguayo de administrar responsablemente el Estado que le ha confiado la ciudadanía.
Ya será tiempo de hacer las evaluaciones de rigor, con los agravantes y atenuantes correspondientes, con la pandemia de por medio, pero la realidad es que durante esta gestión las cuentas nacionales se han descalabrado hasta un punto extremadamente peligroso. El saldo de la deuda pública es de casi 15.000 millones de dólares, más del 36% del PIB, frente a los 8.040 millones del inicio del mandato. El endeudamiento ya se había duplicado durante el gobierno de Horacio Cartes y se volvió a duplicar bajo esta administración, en una progresión geométrica absolutamente insostenible.
El déficit fiscal, que, a pesar de todo, se mantenía dentro del tope legal del 1,5% del PIB, saltó al 2,7% ya antes de la pandemia (2019) y se desbocó al 6,2% en 2020 con las leyes de emergencia. Si bien a partir de ahí se ha ido reduciendo, no lo ha hecho al ritmo requerido. Se había acordado un cronograma de convergencia para volver al tope a más tardar en 2024, pero la meta está lejos de alcanzarse, sobre todo si se promulga el inflado y desfinanciado Presupuesto General que sancionó el Congreso para el año entrante.
Todo ello ha tenido una dura repercusión en los bolsillos de la población en términos de pérdida del valor adquisitivo del dinero, hecho principalmente atribuible al desborde de los agregados monetarios, que han crecido muy por encima del requerimiento de la economía, debido al excesivo gasto público. El tipo de cambio se disparó y la inflación anual superó la barrera de los dos dígitos por primera vez en más de una década. Para frenar la tendencia el Banco Central ha implementado medidas contractivas, con consecuentes efectos en la tasa de interés y en el crecimiento económico, y aun así la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor sigue en 8,3% (noviembre) y es mayor en áreas muy sensibles para la gente, como alimentos (11%). Esto significa que los trabajadores, formales e informales, perdieron más que un aguinaldo en el curso del año.
Esta situación no puede continuar y no se puede esperar hasta el próximo Gobierno para comenzar a revertirla. Lo más inmediato que debe hacer Mario Abdo Benítez es vetar parcialmente el Presupuesto 2023, por lo menos el artículo 280, que establece “fondos de recategorización salarial” para diversos sectores del funcionariado, que va a contramano con las condiciones de las finanzas públicas y con otras prioridades más urgentes para la ciudadanía.
Paralelamente tiene que impulsar los proyectos de ley vinculados con la impostergable reforma del Estado. El Poder Ejecutivo ya presentó dos muy importantes, el de la función pública y el de contrataciones públicas. Ahora debe darles seguimiento y no permitir que duerman en los cajones del Congreso. Adicionalmente, tendría que promover otro paquete de reformas estructurales, por lo menos en lo relativo a la Caja Fiscal, cuyo enorme déficit proyectado es una bomba que va a estallar en el corto plazo y es preciso desactivar cuanto antes.
Mario Abdo Benítez todavía tiene tiempo de hacer algo importante por el país y no simplemente cruzarse de brazos y dejar que se arreglen los que vengan. Para ello debe aislarse de la coyuntura político-electoral, dedicarse exclusivamente a gobernar y hacer los ajustes necesarios en los meses que le quedan para entregar la casa lo más ordenadamente que le sea posible.