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Recientes análisis de las aguas del lago Ypacaraí, en las playas de Areguá, Ypacaraí y San Bernardino, realizados por la Dirección General de Investigaciones Científica y Tecnológica y el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), arrojaron como resultado la aparición de “algas verdes diatomeas”, que según los expertos, incluso podrían ser beneficiosas para el lago. Ellas se suman a las ya conocidas cyanobacterias, que suelen cubrir con su repugnante verde espumoso gran parte de sus playas.
Ante este informe, se conocieron las declaraciones de Renato Maas, director de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí (Conalaypa), el más reciente organismo creado supuestamente para hallar soluciones para ese valioso recurso hídrico, quien manifestó que dichas algas se producen por las condiciones climáticas por las que está atravesando nuestro país, el estado de intoxicación y el exceso de fósforo y nitrógeno en las aguas. Y aquí viene lo más importante: reconoció que la situación se irá repitiendo mientras no se llegue a solucionar varios problemas, entre ellos la falta de alcantarillado sanitario –hay 21 municipios en la cuenca del lago– y la contaminación de los arroyos tributarios del mismo. Cuatro de esas localidades, San Bernardino, Ypacaraí, Itauguá y Areguá, descargan directamente en sus aguas.
En verdad, todo esfuerzo por recuperar el lago debe comenzar por ahí: construir alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de residuos en las ciudades de la cuenca. Cualquier otra nueva comisión que se cree, cualquier nuevo préstamo que se haga, cualquier nuevo esfuerzo solo va a servir para gastar más recursos inútilmente, para dar la sensación de que se está haciendo algo, cuando que la raíz del problema es la que ahora menciona el titular de Conalaypa, pero que la prensa y expertos ya lo venían denunciando desde hace décadas.
En setiembre de 2014, la prensa se hizo eco ampliamente de una información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), entonces a cargo de Ramón Jiménez Gaona, durante el Gobierno de Horacio Cartes, de que se iba a invertir de inmediato 250 millones de dólares para obras de saneamiento y tratamiento de efluentes en seis ciudades de la cuenca, que son Itauguá, Areguá, Ypacaraí, Capiatá, Luque y San Lorenzo. Se informó que las ofertas para la construcción ya fueron presentadas, y que la ejecución de las obras estaba prevista para un plazo no mayor de 18 meses. Han transcurrido ocho años y no se han tenido más noticias acerca de este importante tema. En la ocasión, el MOPC anunció que los 250 millones de dólares de la inversión prevista provenían de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Pues bien, como casi en una década no se ha visto absolutamente nada de las obras anunciadas, cabe preguntar: ¿dónde fue a parar la cuantiosa suma mencionada? Los intendentes municipales de la época son César Osvaldo Leiva (ANR - Areguá), Raúl Fernando Negrete (PLRA - Ypacaraí), Pedro Antonio Galeano (ANR - Capiatá), César Meza Bría (PLRA - Luque), Albino Ferrer (ANR - San Lorenzo) y Alberto Luis Salinas (PLRA - Itauguá), hoy fallecido.
Mientras no se solucione el problema de los efluentes que las ciudades aledañas descargan impunemente en el otrora “lago azul”, todo lo demás que se diga sobre la recuperación de este recurso hídrico es cosa repetida. Los consecutivos proyectos, cursos, seminarios, viajes de nuestros técnicos al exterior y la venida de expertos extranjeros han costado un montón de plata, pero no han dado resultados visibles. En todo ese tiempo, los arroyos tributarios han venido cargando el afamado lago de inmundicias, ante la indiferencia de las autoridades de los municipios afectados y la inoperancia de las instituciones ambientales, como la Seam-Mades y últimamente Conalaypa.
De vez en cuando se ensaya algún proyecto, como el reciente de las geobolsas, sin modificar en absoluto el problema principal, que es el de convertir el lago en depósito de aguas servidas. Es de recordar que Conalaypa está integrada por representantes de varias importantes instituciones, inclusive del Congreso, y es orgánicamente dependiente del MOPC. Fue creada por Ley Nº 6489/20, y en su artículo 4 dispone que el objetivo de la Comisión es promover, coordinar, articular y ejecutar acciones, obras o emprendimientos que fueran necesarios para lograr EN EL PLAZO DE TRES AÑOS –tiempo que fenece el 17 de enero de 2023– computados a partir de la promulgación de la ley el 17 de enero de 2020. Se fijaron objetivos tales como: el control y la disminución necesaria de los impactos ambientales negativos que alteran el equilibrio del lago Ypacaraí y su cuenca; la recomposición del mismo, y un sistema interinstitucionalmente coordinado de control y monitoreo que permita prever su conservación sostenible. Es evidente que ninguno de estos cometidos ha sido concretado.
Pero no solo es culpa de las autoridades. La ciudadanía afectada directamente por sus cercanías con el lago como la de todo el país que suele acudir en verano a disfrutar de sus aguas, tiene que manifestarse para reclamar soluciones y no meras acciones con tufo a figureteadas. Los habitantes de las ciudades mencionadas deberían pedir cuentas acerca de lo que ocurrió con el proyecto anunciado y no concretado, para evitar que se esté lucrando en su nombre, si ese es el caso.