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El Congreso se ratificó en la ley “de incentivo y promoción del transporte eléctrico en Paraguay”, que había sido vetada totalmente por el Poder Ejecutivo, entre otras razones, por equiparar a los vehículos híbridos con los eléctricos, pese a tener motor a combustión, y por considerar que se violaba la equidad tributaria al asignar impuestos recaudados a un fondo en particular. La norma, que cuenta con el apoyo de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias y otros gremios, ha recibido críticas profundas, principalmente en el sentido de que, al margen de las consideraciones fiscales, se concentra demasiado en promover la venta de rodados y no tanto, por ejemplo, en desarrollar la infraestructura necesaria para la recarga. Sin embargo, por lo menos tiene el mérito de constituir una señal de que el país está buscando avanzar en un área de gran importancia para un mejor aprovechamiento de sus recursos energéticos.
La ley ya es un hecho, pero los cuestionamientos deben ser cuidadosamente considerados a la hora de elaborar una correcta reglamentación. No por querer avanzar hay que dar pasos en falso ni poner la carreta delante de los bueyes. Para realmente impulsar la electromovilidad, lo primero es contar con una red básica de estaciones de servicio con normas y estándares compatibles con la región. Se estima que, como mínimo, se requieren 20 servicentros para recarga eléctrica en Asunción, y al menos dos en cada municipio mayor de 60.000 habitantes.
También hay que evaluar la factibilidad de esta ley, que los órganos de aplicación sean los apropiados y no se conviertan en costosas estructuras burocráticas, que los incentivos verdaderamente sirvan al país y no sean solo para satisfacer intereses creados, y, sobre todo, que sea viable y financiable, acorde con las reales posibilidades del Estado paraguayo.
Finalmente, desde un punto de vista más amplio, antes de proceder a una migración masiva hay que prestar mucha atención a otras nuevas tecnologías que se están desarrollando, como la del hidrógeno, que podría estar disponible en un plazo no muy lejano y que podría ser más eficiente para vehículos pesados, e incluso para el transporte público.
Pero, dicho todo lo anterior, lo que es indiscutible es que Paraguay no se puede quedar atrás ni prescindir de una política en un área tan estratégica para su desarrollo, porque es sumamente irónico que, siendo uno de los mayores productores de electricidad per cápita del mundo, tenga que depender en un 100% de la importación de combustibles fósiles.
Solo en Itaipú, en promedio, Paraguay tiene un excedente anual de unos 20 millones de megavatios/hora de la parte que le corresponde de la generación de la central binacional, lo que equivale a más del total del consumo nacional de electricidad, que es de unos 19 millones de MWh al año.
Nuestro país prácticamente regala esa mina de oro al Brasil, ya que está obligado a ceder su sobrante a cambio de una “compensación” ínfima en relación con el valor de esa energía en el mercado regional, por imperio de la interpretación del Anexo C del Tratado de Itaipú, el cual debe revisarse en agosto de 2023 al cumplirse sus 50 años de vigencia. Algo similar, si no peor, ocurre en Yacyretá con Argentina.
De haber primado una visión estratégica y patriótica, hace rato Paraguay tendría que haber construido la infraestructura y desarrollado los incentivos correctos para utilizar su energía en todos los rincones del país, en las casas, en los negocios, en la producción agropecuaria, en las industrias y también en el transporte, público y privado, incluyendo un tren eléctrico y, por qué no, un monorriel elevado de pasajeros, que movilicen personas y cargas, y conecten Asunción con el área metropolitana.
Si no es así, no ha sido por falta de recursos, sino de una política que marque el rumbo en el largo plazo. Solo si consideramos que, en vez de alentar la electromovilidad, se llevó adelante contra viento y marea un metrobús a gasoíl, con los resultados conocidos y con un tremendo derroche a fondo perdido, y que, en vez de un tren de pasajeros, se construyó la no prioritaria Avenida Ñu Guasu por encima de la valiosa franja de dominio del ferrocarril, queda claro que recursos hubo suficientes. Y con mayor razón si agregamos que el saldo de la deuda pública se incrementó en más de 10.000 millones de dólares en la última década, el 60% de ello durante la actual administración de Mario Abdo Benítez.
La cruda realidad es que hace 38 años comenzó la producción de Itaipú, y hace 28 la de Yacyretá, han pasado nueve gobiernos, ocho de ellos en la etapa democrática, y todavía hoy, ya bien entrado el siglo XXI, siendo dueños de la mitad de dos de las mayores hidroeléctricas del mundo, la electricidad compone apenas el 18% de la matriz energética nacional. Podrán poner cualquier excusa, pero la única explicación es que hemos tenido gobernantes y políticos sin visión, sin coraje y sin honestidad para hacer lo que le convenía al país, en vez de someterse a intereses sectoriales, sindicales, y hasta al posible soborno directo o indirecto de Brasil y Argentina, principales beneficiarios de que Paraguay no use su energía.