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Mediante un subrepticio pacto entre bancadas, sin que figurara en el orden del día, la Cámara de Diputados aprobó el polémico proyecto que autoriza al Instituto de Previsión Social a tomar préstamos para cubrir deudas vencidas con proveedores del Fondo de Salud, que ascienden a 240 millones de dólares, lo que se ha dado en llamar “ley del bicicleteo”. Supuestamente lo hicieron para no dejar sin medicamentos e insumos a los asegurados, pero seamos claros: para lo único que servirá esta ley es para cumplir con los amigos, quienes seguramente habrán hecho un fuerte lobby, sin descartar jugosos “incentivos”.
Acá el problema es mucho más profundo que la deuda del Fondo de Salud. Comienza por una larga cadena de ordeño a la vaca lechera del IPS, en la que participan administradores y funcionarios venales o directamente corruptos, un Consejo de Administración que solo parece estar allí para hacer la vista gorda y aprovechar privilegios, toda una rosca de contratistas de bienes y servicios que, con las excepciones que siempre hay, se enriquece ilegítimamente con sobrefacturaciones y “necesidades” inventadas, y que, encima, después tienen el descaro de amenazar con cortar el suministro. Nos preguntamos por qué no lo hacen de una vez; por qué será que, al contrario, cada vez que hay una licitación, ninguno deja de participar; o por qué será que nunca avanza el plan de crear un laboratorio propio del IPS que produzca gran parte de lo que necesita a mucho menor costo.
Pero también participa en la expoliación del IPS una gran mayoría de los propios aportantes y asegurados, tanto patrones como empleados, que no dudan a la hora de quejarse, pero que reciben todos los beneficios sin contribuir con lo que legalmente corresponde.
Según la ley, los trabajadores asalariados del sector privado deben aportar el 9% del total de sus remuneraciones en todo concepto, salvo aguinaldo y bonificación familiar, incluyendo horas extras y cualquier otro pago, y su empleador complementar con otro 16,5% en concepto de carga social, lo que arroja, en teoría, un aporte del 25,5% de cada salario real. El 23% va al IPS y el restante 2,5% a programas tales como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo.
De lo que va al IPS, actualmente unos 90 millones de dólares mensuales, el 39% se destina al Fondo de Salud, más propiamente al Programa de Enfermedad y Maternidad, el 54% al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, y el 7% a gastos de administración. Por ley estos segmentos no se pueden mezclar, vale decir que está legalmente prohibido usar dinero o reservas del Fondo de Pensiones, que es el que todavía tiene superávit (no por mucho tiempo), para financiar necesidades del área de salud, no importa cuán perentorias sean.
La primera gran cuestión es la evasión directa. Según el último censo económico y estimaciones del Ministerio de Industria y Comercio, existen en el país entre 600.000 y 700.000 unidades de negocios de distinto porte, muchas de ellas pequeñas, pero que igualmente emplean mano de obra. Apenas 65.000 están inscriptas en el IPS, una de cada diez, lo cual, dado que todo el sistema se sustenta en el aporte a través de las empresas, ilustra la magnitud de la fuga.
La segunda cuestión es la altísima evasión indirecta, por la vía de la subdeclaración. Más del 80% de los asegurados cotiza por el sueldo mínimo, cuando la realidad es que un alto porcentaje gana más, pero solo aporta por el básico, debido a que ello le cubre los mismos beneficios de salud que al que aporta por el total. Para colmo de males, la jubilación se calcula sobre el promedio de los tres últimos años, por lo que es práctica común que se haga figurar el mínimo por la mayor parte de la vida laboral y se haga un blanqueo en el trienio final.
En varios sentidos esto es todavía peor que la evasión directa, porque estos trabajadores y sus familias consumen los servicios del IPS sin aportar ellos ni sus empleadores lo que manda la ley, en perjuicio del instituto y de las empresas y asegurados que sí cumplen. De esta manera, más del 80% de los trabajadores cotizantes del IPS contribuyen mensualmente 229.500 guaraníes, más otros 420.750 por parte de sus empleadores, y eso ya les cubre todo el servicio de salud más la jubilación.
Del total, 228.735 guaraníes son para el programa de salud, que presta un servicio universal, inexistente en cualquier otro seguro médico, con acceso a un abanico amplísimo de especialidades, desde consultas hasta casos e intervenciones de alta complejidad, internaciones y terapia intensiva sin límite de tiempo, con medicamentos incluidos, para el asegurado y sus familiares directos, todo por poco más de 30 dólares mensuales, ya con el aporte patronal.
Se estima que el servicio de salud del IPS alcanza a 1.500.000 personas, de las cuales no más de la mitad son aportantes, la mayoría por el monto mínimo, y el resto son familiares directos dependientes y miles de otros a los que se hace entrar por la ventana. Como si todo fuera poco, en la práctica el IPS es utilizado como un sucedáneo de la salud pública, lo que quedó más que evidenciado durante la pandemia, cuando el Estado le trasladó presiones para las que no estaba financieramente preparado, incluyendo asistencia monetaria de dudosa legalidad, con el agravante de que, al mismo tiempo, se aprobaron numerosas exoneraciones y prórrogas que impactaron sensiblemente en sus ingresos.
En estas condiciones el IPS no puede ser nunca viable, al margen de su propia sostenibilidad estructural. El Poder Ejecutivo y el Congreso deberían preocuparse por aprobar reformas y por establecer un régimen de supervisión externa que justamente detecte las irregularidades y exija el cumplimiento de la ley. Pero para ello no hay “incentivos” y sí poderosos intereses creados resueltos a impedirlo.