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Es saludable que, al cabo de mucho tiempo, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), haya vuelto a asestar un duro golpe a la banda criminal, al anular a tres de sus miembros y poner en fuga a otros cinco. Que uno de los muertos –Osvaldo Villalba– haya sido el cabecilla no implica que el EPP haya sido finalmente derrotado, dado que sería pronto reemplazado, quizá por Liliana Villalba, por Magna Meza o por Manuel Cristaldo Mieres, veteranos del grupo que hoy tendría solo unos diez o doce integrantes, según el comisario principal Nimio Cardozo, jefe Antisecuestro de la Policía Nacional. Su exiguo número no impedirá que siga atentando contra la vida, la libertad y los bienes de las personas en el norte de la Región Oriental, aparte de mantener en cruel cautiverio al agente policial Edelio Morínigo, al ganadero Félix Urbieta y al exvicepresidente de la República Óscar Denis, sobre quienes hasta la fecha no hay pistas, ignorándose incluso si continúan con vida o no. Mientras estas víctimas no sean liberadas o sus dolientes familias no tengan noticias de ellos, las operaciones conjuntas deberán proseguir con toda intensidad.
El teniente coronel Luis Apesteguía –vocero del CODI– informó que “datos de inteligencia” revelaron que los forajidos se movilizarían el último domingo; por tanto, fueron seguidos por un equipo de la FTC hasta una comunidad indígena, donde asesinaron a dos de sus integrantes: habrían llegado con la intención de masacrar a todos, porque, en palabras del comisario Cardozo, “este grupo terrorista no escatima en quitar la vida por la mera sospecha si cree que uno colabora con la fuerza pública”. El presunto respaldo que los desalmados reciben, al menos con el silencio, se basaría en el temor que infunden, entre otras cosas. Habrá, pues, que esforzarse por romper el horrendo círculo vicioso.
Es indispensable brindar seguridad a la población, no solo porque tiene derecho a ella, sino también porque servirá para acabar con el EPP: se trata tanto de una labor policial-militar como de una civil, en la que también debería intervenir el Instituto Paraguayo del Indígena, para asistir a los aborígenes hasta hoy abandonados en manos de unos criminales: es de suponer que nunca se ha ocupado de ellos como corresponde, y que, si lo hubiera hecho, serían los primeros en enfrentar a los sanguinarios malhechores. El ministro del Interior, Federico González, dijo que los lazos entre la banda y esas comunidades constituyen un “tema sensible y delicado”, que implican una “relación de apoyo logístico” y hasta la actuación armada de nativos, “por presión y amenazas o a cambio de algún beneficio”.
Como sea, es preciso acentuar la presencia estatal –no solo uniformada– para quebrar esos vínculos, sin ignorar que ella seguirá siendo necesaria para mejorar la calidad de vida de los indígenas, con independencia de que surja un teatro de operaciones o de cuanto ocurra en él. La “acción cívica” debe ser constante y no reducirse a un mero asistencialismo, que fomenta la dependencia, para liberar a los necesitados del hambre y del miedo que les inculcan sus sedicentes redentores: no es cuestión de distribuir de vez en cuando víveres o medicamentos, sino de crear la infraestructura e impartir los saberes requeridos para que el grupo meta se desarrolle por sus propios medios.
Es deseable que el CODI-FTC tome ahora un nuevo impulso para poner fin a la zozobra que afecta a los pobladores de Concepción y del Amambay y liberar a los secuestrados. Ya tendrían que estar bien equipados y si ya acabaron definitivamente la corrupción interna y los conflictos entre los jefes de la fuerza pública, que durante tantos años trabaron su labor, bien se podría confiar en que los criminales autoconsiderados “revolucionarios”, que se valen incluso de menores y se arrogan la representación del pueblo, sean derrotados más temprano que tarde. Es lo que espera un país que anhela vivir en paz y en libertad, bajo el imperio de la Constitución y las leyes. El sistema democrático puede y debe defenderse de sus agresores con el Derecho y con el correcto empleo de la fuerza legítima. Los vastos y ricos departamentos del norte que hoy viven en la inseguridad y el temor deben contar con las garantías necesarias para desarrollar todo su potencial en busca del bienestar de sus habitantes y de todo el país.