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El feroz temporal que se abatió con violencia sobre cinco municipios de San Pedro desnudó lo que no es una primicia –ni mucho menos un secreto–: la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) devora anualmente gigantescas porciones de dinero, pero no está preparada ni cumple remotamente con sus funciones. La catástrofe natural que se descargó con furia, especialmente sobre Nueva Germania, San Vicente Pancholo, General Resquín, Lima y San Pedro del Ycuamandyyú, corroboró la inexistencia de una auténtica política de asistencia social y confirmó los sectarismos políticos electoralistas que están desangrando a las comunidades.
Los músculos estatales de acción preventiva o resolutiva no funcionan. El desastre meteorológico mostró cómo hogares humildes pueden pasar en un segundo de ser pobres a extremadamente pobres, sin casa, sin techo, sin cultivos, con familiares –entre ellos niños– heridos, sin contar con que aquellas pocas pertenencias que pudieron atesorar cayeron devoradas por el agua, el viento y la violenta granizada. Mientras intendentes y gobernador recorrían el desastre y denunciaban que no veían a nadie de la SEN asistiendo a las familias, desde el centro geopolítico del país la titular de dicha entidad, Gladys Zunilda Borja –política colorada que se candidata a la Junta de Gobierno por el equipo de Freddy D’Ecclesiis–, anunciaba que algunos funcionarios estaban yendo a evaluar la situación. No tardó en aparecer la verdadera orfandad; era sepulcral el silencio del ruido asistencial.
La ley 2615/05 que creó la SEN tiene buenas intenciones, pero ninguno de los últimos gobiernos democráticos ha logrado articularla con éxito ni hacerla aterrizar en forma de prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación o reconstrucción de comunidades afectadas por situaciones de emergencias o desastres naturales. El exministro Joaquín Roa había anunciado la creación de unidades regionales aprovisionadas con insumos que pudieran proveer lo prioritario en casos de desastres, para respuestas inmediatas y asistencia urgente. O las tales unidades nunca se consumaron o, tras su salida, la cacareada articulación se esfumó.
Lastimosamente, en el caso último de San Pedro, no se vio ni sintió la asistencia regional pese a existir una sede de la SEN en Santa Rosa del Aguaray, a unas decenas de kilómetros de donde ocurrió el desastre. Pero, además, los sucesos confirmaron que ante algunas emergencias y desastres ya no son suficientes frazadas, chapas de zinc, una bolsa de galletas o un kit de primeros auxilios. El gobierno de Mario Abdo Benítez debe articular con urgencia, eficiencia y eficacia una asistencia social que vaya más allá del asistencialismo politiquero. Para levantar a los sampedranos del desastre que los acaba de azotar deberán convocar y coordinar a todas las instituciones públicas y privadas, autoridades departamentales y municipales, de todos los colores, para rehabilitar y reconstruir a las comunidades afectadas por la emergencia, para hacer efectivo lo dispuesto en la ley 2615.
Según el Presupuesto General de Gastos, en el 2022 la SEN se ha llevado más de 66.000 millones de guaraníes (más de 9.000.000 de dólares); si con esta cifra solamente se ha construido un castillo de arena con compras de insumos perecederos o no perecederos, sin armar esqueletos, estructuras, articular recursos humanos o financiar herramientas técnicas o tecnológicas para afrontar desastres, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que tenemos una fallida ley de emergencia nacional ante un escenario ambiental cada vez más inestable. La ley ofrece 33 articulados en los que dispone la organización, la financiación, los recursos, la obligatoriedad de apoyo de otras instituciones estatales, la posibilidad de crear y organizar estructuras, elaborar programas de educación, capacitar funcionariado, procurar cooperación internacional y una infinita línea de posibilidades.
Según la citada normativa, la SEN debe estar lista para dar una atención INMEDIATA ante eventos tales como “inundaciones, incendios, tornados, sequías prolongadas, brotes epidémicos, accidentes de gran magnitud y, en general, desastres o catástrofes que produzcan graves alteraciones en las personas, los bienes, los servicios públicos y el medio ambiente, de modo que amenacen la vida, la seguridad, la salud y el bienestar de las comunidades afectadas por tales acontecimientos”.
A la hora de la verdad, a la preocupante parálisis de la SEN ante todos los anteriores sucesos le podemos sumar –sin temor a equivocarnos– el miserable proselitismo electoral que divide y confronta a las comunidades, que aleja las posibilidades de la unión para la reconstrucción. La capacidad del Paraguay para reaccionar ante las desgracias es tan calamitosa como las mismísimas catástrofes.