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Muchos reducen el asunto a la mala administración. Ciertamente las sucesivas administraciones del IPS, permeables al manejo político, a los intereses corporativos, a la ineficiencia típica del sector público y a la alta corrupción, sin una supervisión externa profesional y adecuada a sus características, en mayor o menor medida han sido, por decir lo menos, decepcionantes, cuando no absolutamente lamentables. Pero el problema es muchísimo más profundo.
Lo más acuciante, aunque no lo único, es el fondo de salud, o más propiamente el Programa de Enfermedad y Maternidad, que recibe el 39% del aporte obrero-patronal. El 54% va a jubilaciones y el 7% a administración. Por ley, estos son segmentos separados cuyos recursos no pueden mezclarse.
En teoría, cada trabajador formal aporta el 9% de su salario, mientras que el empleador aporta un adicional de 16,5%, un 25,5% en total. Al IPS va un 23% y el restante 2,5% va a programas tales como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo.
Vale decir que, por ejemplo, sobre un salario mínimo de 2.550.000 guaraníes (que es el que declara el 80% de los asegurados), el trabajador aporta mensualmente 229.500 guaraníes, el empleador 420.750 guaraníes, de todo lo cual 586.500 guaraníes van al IPS. De ese monto, 228.735 guaraníes son para salud, 316.710 guaraníes para jubilaciones y 41.000 guaraníes para administración.
Y aquí ya surgen las dos primeras grandes distorsiones. Por un lado, la gran subdeclaración, que hace que la enorme mayoría de los inscriptos en el sistema de salud del IPS esté habilitada para recibir un servicio universal, que no existe en ningún otro seguro médico del mercado, con acceso a un abanico amplísimo de especialidades, desde consultas hasta casos e intervenciones de alta complejidad, internaciones y terapia intensiva sin límite de tiempo, con medicamentos incluidos, por 228.735 guaraníes (33 dólares) por mes, ya con el aporte patronal.
Por otro lado, el servicio no es solo para los 700.000 asegurados, sino que alcanza a sus familiares directos dependientes, y esto sin considerar las múltiples trampas que se hacen para agregar a quienes no son beneficiarios legales, sobre todo para tratamientos caros, con lo que la cobertura estimada llega a 1.500.000 personas. Por supuesto que no va a dar abasto.
Como si todo fuera poco, en la práctica el IPS es utilizado como un sucedáneo de la salud pública, lo que quedó más que evidenciado durante la pandemia, cuando el Estado le trasladó presiones para las que no estaba financieramente preparado, incluyendo asistencia monetaria de dudosa legalidad, con el agravante de que, al mismo tiempo, se aprobaron numerosas exoneraciones y prórrogas que impactaron sensiblemente en sus ingresos. El consecuente déficit no puede sorprender a nadie.
Párrafo aparte para los proveedores de remedios e insumos, con el consabido esquema perverso de altísimas sobrefacturaciones, con la supuesta excusa de que tardan en pagarles. Bien que nadie quiere dejar de proveer y todos se “sacan los ojos” en las licitaciones. Y bien que hay dentro de IPS capacidad y equipamiento para armar un laboratorio propio que produzca gran parte de lo que necesita a mucho menor costo, pero que no se concreta por intereses creados.
Actualmente, el IPS recauda unos 90 millones de dólares por mes, de los cuales 35 millones se destinan a salud, monto que claramente no alcanza en las actuales condiciones. Por su parte, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones recibe 48,6 millones de dólares mensuales y quienes crean que ahí no hay problemas están muy equivocados. El último cálculo actuarial indica que los egresos superarán a los ingresos en 2038 y que las reservas técnicas aguantarían otros 15 años más hasta agotarse, y la brecha se acorta exponencialmente año a año. A la subdeclaración, con la generalizada práctica de “blanquear” los últimos tres años para elevar la jubilación, se le suma la tremenda evasión. Hay en el país entre 400.000 y 700.000 unidades económicas, pero solo 65.000 están inscriptas.
Por lo tanto, el IPS no necesita parches ni bicicleteos, sino reformas estructurales, lo mismo que la Caja Fiscal del sector público y todo el sistema de seguridad social, que no cubre ni el 20% de la población. Proteste quien proteste, hay que ajustar los beneficios a lo que se pueda financiar, obligar a todos a cumplir la ley y a aportar lo que corresponde, y cortar el chorro a los que amasan fortunas ordeñando a la vaca lechera.