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De que la salud pública en el Paraguay continúa en terapia intensiva, lo avalan algunos de los varios casos publicados solo en los últimos días: el 25 de septiembre se supo que, al decir de la asegurada Susana Molas, el Instituto de Previsión Social (IPS) no tiene medicamentos ni siquiera para la presión arterial, mientras ahora otra paciente habla de falta de medicamentos para enfermos cardiacos. El 28 se publicó que el asegurado Ariel Gómez intentaba desde hacía tres meses que su niña sea atendida por un oculista, y que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) carece de varios costosos fármacos, así como de reactivos para análisis clínicos y de drogas para la quimioterapia; el 29, el director del Instituto Nacional de Cardiología, Marcos Melgarejo, informó que el nosocomio se halla tan saturado de pacientes que hasta fin de año ya no hay turnos disponibles en consultorios; el 3 de octubre, el chipero Marcos Argüello se vio forzado a pedir ayuda a la población, a través de la prensa, para costear los gastos de combustible de la ambulancia que debía trasladar a su esposa hasta el Hospital Regional de Salto del Guairá, porque en el Distrital de Curuguaty solo podía ser operada en noviembre, una vez que se habilite el quirófano 2. Poco después, una paciente se quejó de que quienes lograban ser atendidos en otro hospital público, debían comprar la jeringa para la biopsia. Esto, pese a que según el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el mundo está “volviendo a la normalidad”, pues la pandemia va quedando atrás. En el Paraguay, empero, esa normalidad implica de hecho un estado de emergencia sanitaria permanente, dadas las gravísimas carencias como las denunciadas casi a diario por pacientes y familiares.
Es presumible que la enorme mayoría de las víctimas del sistema sanitario soporte sus calamidades en estoico silencio, pero las quejas que llegan a la opinión pública son más que suficientes para concluir que el derecho a la salud es violado cotidianamente en todo el país, de la manera más flagrante. Resulta así una burla cruel que la Constitución diga cuanto sigue: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes”. Los particulares suelen ser castigados cuando incumplen sus deberes, pero con las autoridades estatales no ocurre lo mismo: pueden ignorar sus obligaciones, pero siguen enlodando el cargo, aunque su corrupción, su ineptitud o su negligencia cuesten la vida o afecten la integridad física y psíquica de los gobernados.
La misma normativa dispone que los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fueren objeto por parte del Estado, de modo que los familiares de fallecidos por falta de atención médica, de equipos o de medicamentos podrían formular la demanda judicial correspondiente. Como el común de la gente no podría afrontar los costos que acarrea una acción judicial, con resultados inciertos, los damnificados no hacen valer su “derecho fundamental” a la salud. Están solos, porque a sus representantes en el Consejo del Administración del IPS o en el Congreso no les importan sus infortunios.
¿Se interesaron alguna vez los diputados por Canindeyú –Cristina Villalba (ANR) y Teófilo Espínola (PLRA)– por las condiciones en que se halla el Hospital Distrital de Curuguaty? En general, a los politicastros no les inquieta el drama sanitario; al contrario, les sirve más bien para ganar votos, donando remedios o influyendo para que sus “recomendados” sean atendidos o consigan ambulancia, según se infiere de la arenga que Horacio Cartes lanzó el 21 de agosto del año pasado en San Juan Bautista de las Misiones: instó a los dirigentes colorados, que buscarían camas hospitalarias para sus correligionarios, a que “sigan haciendo tráfico de influencia para servir”, así que la crisis de la sanidad también sirve para cultivar la desvergüenza.
Tampoco los Consejos Locales de Salud, creados en 1996 e integrados por representantes de las instituciones relacionadas al sector, han servido tan siquiera para paliar el desastre sanitario, aunque administran los “fondos de equidad”, que complementan los recursos presupuestarios de la Regiones Sanitarias, a los que pueden sumarse los aportes de la Municipalidad, de la Gobernación, de otras entidades y de la comunidad toda.
Dado que dichos consejos son inoperantes y que la “clase política” está volcada a unas campañas prematuras que vulneran el Código Electoral, solo resta confiar en que la movilización de los pacientes, de sus familiares y de la ciudadanía en general, constriña a los responsables de la salud pública a que cumplan con la obligación estatal de protegerla y promoverla, asistiendo a todos los habitantes para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas. En otros términos, las víctimas deben confiar en sus propias fuerzas para forzar acciones tendientes a poner fin a esta desgracia nacional de todos los días.