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Se refería a la obligación que ahora tienen los candidatos a cargos electivos de declarar los bienes que van a comprometer en sus respectivas campañas electorales y que la Justicia Electoral hizo públicos el 15 de setiembre.
Esto proviene de la modificación del Código Electoral en lo referido a la trazabilidad del financiamiento político, promulgada en febrero de 2020, que muchos miembros del Congreso, incluido el senador Ovelar, aceptaron a regañadientes y posiblemente resueltos a revertirla en cuanto les fuera posible.
Ovelar empezó ya a tratar de demoler la reforma imputando a la ley, como supuesta falla de ella, la comisión, por el senador, del delito de declaración falsa (artículo 243 del Código Penal). Algo así como “la ley no sirve porque yo miento”, que podría ser una traducción aproximada de “las declaraciones… que hicimos, es una bolaterapia… le engañamos a la ciudadanía”. A confesión de parte...
Debe tratarse de uno de los intentos más perversos a nivel mundial de decir que algo no funciona alegando acciones propias deliberadas, realizadas con el fin de que tal cosa no funcione.
Pero está claro que la ley de trazabilidad no se hizo para que el senador Ovelar mienta. No se hizo para que los políticos mientan, y si mienten deben ir cinco años a la cárcel como dispone el mencionado artículo 243 del Código Penal.
La reforma electoral por la trazabilidad tiene, ciertamente, numerosos defectos, pero entre ellos no se cuenta autorización alguna a los políticos a presentar declaraciones juradas falsas. Ese no es uno de los defectos de la ley.
Entre los defectos que pueden señalarse se destacan que la fiscalización de las cuentas en las internas está a cargo de los propios fiscalizados (los tribunales electorales partidarios); que se hace a posteriori de la campaña y no previamente a ella; que irregularidades constatadas no derivan en la inhabilitación del infractor, entre otras cosas. Y todo se repite, a grandes rasgos, para las elecciones nacionales, excepto lo de los tribunales partidarios.
Los defectos que pueden señalarse tienen que ver con que la ley no es suficientemente rigurosa, con que tiene demasiadas perforaciones, mediante las cuales políticos de la clase del senador Ovelar quedan exentos de exponer al control popular todo lo que deben presentar.
El cinismo del mencionado legislador es mayúsculo pues él fue uno de los principales impulsores de dichas perforaciones y falta de rigor que lastran a la ley.
A pesar de haber articulado en la norma todas esas ventajas para políticos como él, el senador Ovelar todavía pretende derogar los avances que contiene con respecto a la situación anterior, esgrimiendo como justificación la presentación de declaraciones falsas, la comisión del delito previsto y penado por el artículo 243 del Código Penal, y la obvia impunidad de la que goza para así pretender instalar la idea de que como la ley sería inútil, no sirve mantenerla y debe ser derogada.
Todo lo contrario es la verdad. La ley debe ser corregida para eliminar la falta de rigor y las perforaciones que le impusieron los averiados, justamente para que impresentables como él, que viven del alarde de la comisión de delitos relacionados a las elecciones –nadie olvida su “trato apu’a”– tengan más difícil que ahora la posibilidad de engañar al electorado.
Es una vergüenza más para el Ministerio Público el no haber procesado inmediatamente al senador Ovelar por su voluntaria confesión que permite pensar que presentó o presentará una declaración jurada falsa con el objeto perverso de mentirle al pueblo paraguayo. Y lo dijo con todo desparpajo, lo que hace presumir que muchos como él se preparan para financiar sus campañas con dinero de dudoso origen, para después justificar con cualquier cosa en sus rendiciones de cuentas.
Políticos como estos son los que hacen que el Paraguay no pueda superar el infortunio que le persigue desde hace mucho tiempo, y que en gran medida se debe al partido del senador Ovelar.