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Con ayuda de la Oficina Regional de Enlace de Inteligencia (RILO, por sus siglas en inglés de Regional Intelligence Liaison Office, una red mundial para el intercambio de inteligencia aduanera), Aduanas del Paraguay logró acceder a las documentaciones obrantes en Aruba sobre esta operación. Todo indicaría que hay una sola factura pero con dos contenidos diferentes, lo que confirmaría graves anomalías, por decir lo menos. Uno, la documentación en Paraguay maneja montos distintos a la de Aruba pese a tratarse supuestamente de la misma carga. Dos, la documentación en nuestro país dice que el cargamento fue por vía aérea mientras que en Aruba dice que fue por vía marítima, en cuatro contenedores. Tres, mientras en nuestro país figura que la carga se pagó en transferencias realizadas al Banco Nacional de Fomento (BNF), en Aruba aparece que fueron pagos al contado. Cuatro, las facturas paraguaya y arubeña tampoco coinciden en la fecha ni en el precio de la carga. Cinco, en cuanto a la transportadora, en una factura se consignó una empresa especialista en servicios de courier y en la otra se consignó a Emtrasur, la empresa venezolana que proveyó los servicios del avión iraní. Seis, uno de los aspectos financieros llamativos es el pago con las transferencias al BNF: según las autoridades, fueron cuatro, que totalizaron 1.202.045 dólares, es decir unos 424.000 dólares más que el precio que se consignó que costaban los cigarrillos.
Así las cosas, los indicios apuntan a una clonación de factura, es decir, copia idéntica pero con contenido distinto en Aruba y en Paraguay. Pareciera que finalmente está a punto de saltar la respuesta a una pregunta clave: ¿quién contrató a Emtrasur para realizar la operación? Este es el momento en que nadie presenta la documentación de quién contrató al broker; es más, el documento que parecía ser clave y que fue mostrado por el Grupo Cartes resultó ser un acuerdo de asistencia en tierra, algo totalmente diferente al contrato para la provisión y términos de pago de servicio.
En su defensa, el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, dijo que se cambió la operativa de exportación, que el comprador cambió a forma aérea el transporte, que se pagó vía transferencias al BNF y no al contado, que se anuló la primera factura y apareció otra. El profesional no hizo comentarios –entre otras cosas– sobre la diferencia entre el precio consignado por la carga y la transferencia superior consignada como supuesto pago; tampoco comentó sobre el incumplimiento del procedimiento de anulación de facturas, sancionado por Tributación.
Es comprensible que al defensor le incomoden las revelaciones que se hicieron el viernes pasado. Al fin y al cabo, son demasiado groseras, exigen aclaraciones urgentes y complican la situación de su cliente. Pero en su carácter de auxiliar de la justicia y exfiscal del Paraguay, debió por lo menos guardar las formas para cuestionar las indagaciones que realizan la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Sin empacho, el mismo dijo que cuando las mencionadas instituciones investigan las documentaciones que respaldaron la carga enviada en un avión iraní, “usurpan” funciones de la Fiscalía. Parece un chiste de mal gusto que alguien pudiera usurpar funciones de la Fiscalía, porque para usurparlas, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debiera estar haciendo uso de sus funciones, las cuales, como todos sabemos, hace tiempo no las ejerce: la impunidad campea en el Ministerio Público como bandera pirata ondeando en la mar.
La Constitución Nacional, en su artículo 238, inciso 1, atribuye al Poder Ejecutivo la dirección de la administración general del país, que tiene la obligación de hacer respetar la Carta Magna y las disposiciones de menor jerarquía a través de órganos competentes. Y precisamente, las tres instituciones que divulgaron el viernes el resultado de sus hallazgos en relación a la carga de cigarrillos enviadas supuestamente a Aruba son parte del Poder Ejecutivo: Senac y Seprelad dependen directamente de la Presidencia, mientras que Aduanas se vincula orgánicamente a través del Ministerio de Hacienda. No solo tienen la facultad de indagar para prevenir o denunciar ilícitos, sino además, tienen que recolectar informaciones para formular denuncias ante la justicia. Unas instituciones proveen la noticia crimini y la cadena debiera complementarse con la Fiscalía.
Con la tesitura de la usurpación, no debería haber una auditoría del Ejecutivo porque podría usurpar funciones de la Contraloría General de la República, y viceversa. O no debería haber una Contraloría porque usurpa funciones de la Fiscalía y hasta muchas veces de la Subsecretaría de Tributación o de Contrataciones Públicas. Parece una perogrullada tener que explicar lo que se explica solo, pero pareciera que estamos viviendo en un campo de distorsión de la realidad que ya espanta.
En la misma semana donde aparecen hechos tan reveladores sobre presunta clonación de facturas, donde la justicia argentina pide que se exija a Paraguay el envío de investigaciones parlamentarias y judiciales, los fiscales del caso avión iraní Liliana Alcaraz y Osmar Legal pasaron por el Congreso con más pena que gloria, según los parlamentarios. NO proporcionaron informaciones concluyentes ni revelaciones que pudieran suponer que hay un esfuerzo importante por aclarar la situación.
El avión iraní ingresó al Paraguay sin que ninguna institución de control y seguridad del Estado paraguayo lo detectara el 13 de mayo de este año; la Fiscalía abrió su carpeta investigativa recién el 22 de junio, es decir, un mes y nueve días después del escándalo. Por eso, que el cartismo hable de usurpación de funciones de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, es un muy mal chiste. No se puede usurpar la función de un ente que últimamente no cumple con sus funciones, menos con la misión que le encomendó la Constitución Nacional: representar y defender los intereses de la sociedad paraguaya.