Cargando...
Los abogados Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano dicen que quieren cobrar los honorarios que les debe el brasileño Darío Messer, condenado a 13 años de cárcel en Brasil y considerado por Horacio Cartes como su “hermano del alma”. Si cabe decirlo, los profesionales del derecho hicieron tan “buen trabajo” que, mientras duró el gobierno de Cartes –e incluso durante el de Mario Abdo Benítez–, lo mantuvieron exitosamente prófugo y escondido, permitiéndole moverse con impunidad en las sombras de la clandestinidad, tanto es así que Messer firmó documentos y carta poder a favor de su abogada en una escribanía de Salto del Guairá mientras tenía orden de captura a nivel internacional. Tal parece que los abogados hicieron tan excepcionalmente su trabajo en múltiples esferas –no solo la judicial–, que el mismísimo exjefe del gabinete de Marito, Juan Ernesto Villamayor, se vio forzado a reconocer que él también se reunió con la abogada de Messer… mientras él estaba prófugo.
Aunque multimillonario, el considerado el “mayor doleiro” (cambista) de Brasil, Darío Messer atravesó tal turbulencia económica que lo obligó a pedir un préstamo a su hermano del alma. La fiscalía brasileña probó después que hubo comunicaciones de Messer con el expresidente de la República, gracias a la intermediación de Roque Fabiano Silveira, donde pidió ayuda financiera. La suma que Cartes pudo haber entregado al prófugo a través de uno de sus gerentes bancarios parece que no alcanzó para la paga a los abogados, tanto es así que ahora reclaman lo trabajado y no cobrado, que según estos profesionales, ascendería a poco menos de 3.400.000 dólares (unos 23.800 millones de guaraníes al cambio actual).
He aquí que asaltan e interpelan varios interrogantes que la Fiscalía tuvo que haber previsto y precautelado desde hace CUATRO AÑOS cuando principió el caso Messer: el Ministerio Público debió garantizar desde el día uno que la fortuna del brasileño cubriera el daño perpetrado a la República al utilizar al Paraguay como un gigantesco lavarropas financiero con todo el descrédito nacional e internacional que ello conlleva. Desde hace casi 1.500 días, la Fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez, defendida por el cartismo como una inequívoca bandera en el Ministerio Público, NADA hizo por llevar adelante el proceso judicial. Lo que es más escandaloso aún, nada hizo para dictar medidas cautelares y realizar el comiso autónomo para blindar la posesión estatal sobre la fortuna del “hermano del alma” de Cartes.
Hay incógnitas que atropellan la lógica y que interpelan a la Fiscalía, una de las instituciones más decadentes de los últimos tiempos en Paraguay. Las interrogantes que pareciera que NADIE en el Ministerio Público pensó, pese a que eran primitivamente previsibles, son: UNO, ¿podría una persona / institución o Gobierno intentar embargar los multimillonarios bienes del brasileño –incluyendo él mismo– a través de interpósitas personas con alguna intención económica? DOS, ¿cómo se debían precautelar esos bienes que deberían ser del Estado paraguayo, el mayor perjudicado por los supuestos lavado de dinero cometidos por el brasileño? TRES: Si tuvieron casi cuatro años para tomar las medidas, y no fueron tomadas, ¿quién o quiénes son los responsables? ¿Cuáles nombres y cuáles apellidos, con qué cargos públicos, tenían la responsabilidad de garantizar la posesión e incurrieron en esta grave omisión?
¿Será que ni un solo miembro del Ministerio Público se hizo estas preguntas? Y si se hicieron, y sabían las respuestas, ¿cómo es que nadie planificó ni ejecutó la adopción de medidas cautelares –además del comiso autonómo– antes que un juez ordene un embargo?
Según conceptos jurídicos internacionales, la negligencia deliberada se aleja peligrosamente de la frontera de un simple error: se acerca mucho a la comisión deliberada de un hecho. El fiscal Francisco Cabrera, uno de los investigadores del caso Messer, vinculado al entorno de Horacio Cartes a través de su cuñado y mano derecha del Grupo Cartes, Martín Admen, reveló en la semana que termina una supina ¿ignorancia? digna de hacer mención. Según su supuesto, equivocado de punta a punta, no se puede decretar embargo sobre bienes considerados ilícitos. FALSO. El señor fiscal quiere confundir, o está confundido él mismo, lo cual sería peor, ya que un embargo preventivo puede ser sobre bienes lícitos o ilícitos; es una medida cautelar que pretende evitar la disponibilidad de un bien, más aún en los casos de bienes registrables o fungibles, como el dinero, por ejemplo.
El jueves último, a las 7:01 de la mañana, ingresaron medidas cautelares procedentes del juzgado de José Agustín Delmás, según confirmó la directora de Registros Públicos, Lourdes González, sobre al menos unas cien propiedades que serían de Darío Messer. Tras casi 1.500 días sin haber movido un dedo, el Poder Judicial y la fiscalía trabajaron, por fin, para adoptar medidas que debieron haber sido dictadas cuatro años atrás.
En Paraguay, Darío Messer dejó una gran vida y una más grande fortuna: dejó cuentas bancarias, estancias, agroganaderas, edificios, departamentos, loteamientos y acciones en las empresas Chai SA, Matrix Realty y Pegasus SA (esta última en sociedad con su hijo Dan Wolf Messer). La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) estima que el patrimonio total que el ente estatal está manejando asciende actualmente a unos 120 millones de dólares.
Sin embargo, la fortuna más importante que dejó Messer en Paraguay fue la amistad del expresidente Horacio Cartes, que le garantizó impunidad, le permitió integrar misiones oficiales del Estado paraguayo, adjudicarse reservas protegidas, utilizar la banca estatal para ingresar dinero al país y moverse como un elefante en una cristalería que la Seprelad del Gobierno cartista nunca detectó… hasta que saltaron las denuncias en Brasil. La verdadera fortuna que Messer dejó en Paraguay fue su hermano del alma, un hombre que hasta hoy día, presuntamente lo sigue protegiendo y blindando a través de la fiscala general del Paraguay, Sandra Quiñónez.