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El Ministerio de Hacienda ha presentado al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, su anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2023. Es el último plan de ingresos y gastos de esta administración gubernamental que se despide en agosto del año próximo. En todos estos años, más allá de los imprevistos que se dieron, primero con una pandemia y luego con una guerra en Europa, no se ha visto una vocación de verdadero cambio especialmente en la estructura de los gastos públicos. El 75% de los ingresos tributarios seguirá siendo tragado por las remuneraciones a funcionarios públicos, el 15 irá a cubrir deudas y lo restante a financiar el descalabro de la Caja Fiscal. Se habla de priorizar los sectores sociales, sin embargo, no se ha apreciado algún cambio revolucionario en la estructura del Estado que avizore un horizonte más esperanzador para todos los paraguayos.
El plan de ingresos y gastos públicos proyectado por el Poder Ejecutivo fue elaborado con una estimación de crecimiento económico del 5,2% (analistas privados creen que se podría llegar al 9,8%), una inflación del 4,2% (volvería a sus niveles normales) y un tipo de cambio promedio de 7.098 guaraníes por cada dólar. Son números auspiciosos, en principio, que si se cumplen traerán mucho alivio a la población. Estiman que el déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) se ubicará en un 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB), en línea descendente tras superar el 6% durante la pandemia, conforme al plan de respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
El lunes último el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ha entregado al presidente de la República algunos lineamientos globales sobre el proyecto que se debe remitir al Legislativo antes del 1 de setiembre próximo. Habló acertadamente de no incrementar los impuestos, lo cual da estabilidad en las proyecciones para el sector privado, y de aumentos puntuales en las remuneraciones de determinados sectores como el de docentes (8% en marzo y 8% adicional en julio), la actualización del escalafón para las Fuerzas Públicas y la actualización de remuneraciones de aquellos que ganan el mínimo tomando en consideración el ajuste del salario mínimo legal determinado por el Gobierno del 11%.
Hacienda asegura que se priorizarán gastos en salud, educación, seguridad e inversiones, aunque no se entra en mayores detalles. El temor es siempre que el presupuesto se limite a pagar salarios en estos sectores sin dar respuestas básicas a las necesidades, como aulas dignas en las escuelas y colegios o insumos básicos y medicamentos en hospitales públicos. Las quejas en estos ámbitos son la constante a lo largo de todo el país, especialmente en las zonas rurales. En cuanto a las inversiones el Estado volverá a endeudarse con la emisión de bonos y la toma de préstamos de organismos internacionales, aunque el modelo está llegando a su límite (incluso ya lo ha superado) impuesto por las propias autoridades gubernamentales. Nada se sabe de cómo se obtendrán los recursos adicionales y cuáles son las obras que se llevarán adelante con iniciativa y financiación privada.
La estimación del Gobierno es que las recaudaciones impositivas crecerán en un nivel del 9%. No se dieron a conocer detalles de la eficiencia administrativa de la Subsecretaría de Tributación ni de cuáles son los avances que se darán sobre la economía subterránea o negra que se estima en una cifra cercana al 40% del PIB. Algunos sectores, especialmente los autodenominados “progresistas”, insisten en que tenemos una baja presión tributaria y la necesidad de realizar ajustes sustanciales en los niveles tributarios, camino equivocado para una economía que intenta salir de una profunda crisis. Al menos el anuncio del Ministerio de Hacienda augura un año sin contratiempos en este tipo de discusiones.
Aún no se tienen mayores detalles de las propuestas que arrimará el Ejecutivo en su proyecto presupuestario, pero a juzgar por los primeros esbozos no habrá mayores novedades. La rigidez presupuestaria así lo predice. Las crisis de los últimos años, citadas anteriormente, hubieran servido de motivo disparador para impulsar las reformas profundas que requiere el sector público. Por falta de iniciativa del Poder Ejecutivo y las políticas populistas del Congreso, no se ha avanzado en una ley del Servicio Civil que reemplace a la de la Función Pública; la nueva ley de contrataciones del Estado que avanza a pasos de tortuga; una ley de transformación total de la Caja Fiscal en quiebra; la creación de una superintendencia de cajas jubilatorias, así como la transformación del sistema previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), solo por citar algunos. De nuevo hemos perdido cinco años de brillante oportunidad para avanzar en estos sectores, algunos de ellos con datos preocupantes que amenazan la estabilidad de nuestro país.
Las transformaciones profundas requieren de consenso político y ciudadano, pero a juzgar por las conductas de nuestras autoridades, estos temas no aparecen en la agenda prioritaria. De nuevo estamos inmersos en una contienda electoral que hace difícil abocarse a estos temas de urgencia. Este año la discusión sobre el proyecto presupuestario estará marcada por el proselitismo partidario y la amenaza de decisiones extremadamente populistas. El momento exige una respuesta contundente de responsabilidad de la clase política. Queda solo por esperar que el próximo gobierno que asuma en agosto del 2023 dé un golpe de timón y señales claras de una revolución en la estructura del Estado. Por ahora, estamos viendo solo más de lo mismo.