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El brutal atropello cometido en una colonia de Itakyry (Alto Paraná) por un grupo de aborígenes armados, bajo el influjo del alcohol, reviste suma relevancia, tanto por los hechos punibles que el Ministerio Público imputa a dieciocho de ellos, como por la responsabilidad que les correspondería al senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez (FG) y al presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Omar Pico. La lista de los delitos atribuidos a los asaltantes, supuestamente liderados por el “artista” Rafael Esquivel (“Mbururú”), residente en Ciudad del Este, es impresionante: homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, robo agravado, producción de riesgos comunes, amenaza de hechos punibles, asociación criminal, coacción sexual y violación en grado de tentativa. Si los victimarios de la afectada familia Torrás deben responder ante la Justicia, también deben dar cumplidas explicaciones, por decir lo menos, quienes desde la función pública habrían facilitado o alentado la perpetración de esos actos vandálicos.
La senadora Georgia Arrúa (PQ) acusó a “Kencho” Rodríguez, expresidente de la ANDE, de haber presionado al jefe del INDI para que traslade a la comunidad que integran los asaltantes a la misma zona donde desde 2018 se vienen denunciando invasiones de tierras. Así lo hizo la autoridad que habría sufrido una influencia indebida, proporcionando un medio de transporte; tras el bárbaro incidente, reveló que cada día es coaccionado por los aborígenes que llegan al INDI, sin que intervengan el Ministerio Público ni la Policía Nacional. También informó que el 28 de junio viajó al lugar con el senador Rodríguez y otros legisladores: su propuesta de trasladar a los indígenas fue rechazada porque “ya se radicalizaron”, hasta el punto de impedir el ingreso de la abogada de seis familias de colonos, Michelle Betancourt, que más tarde acusaría al senador mencionado de haberla agredido físicamente y de incitar a invadir las fincas que sus mandantes habían adquirido del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y eran objeto de un juicio de mensura pendiente de resolución.
Por si todo fuera poco, los diputados de la Comisión de Bienestar Rural, así como las autoridades del INDI y del Indert concluyeron ahora que, ¡¡¡en realidad, las tierras reclamadas por los indígenas se hallan en el departamento de Caaguazú!!! Es decir, por fin fueron ubicadas georreferencialmente por el Indert, pero solo después de que unos desalmados hayan querido hacer justicia por mano propia, con el presunto apoyo del senador Rodríguez. En otros términos, el largo conflicto, que desembocó en la comisión de varios hechos punibles, fue generado por una lamentable equivocación, de la que no se percataron a tiempo dos órganos estatales, uno de los cuales –el INDI– estuvo al servicio de quienes alegaban que los inmuebles invadidos pertenecieron a sus ancestros. El juicio de mensura ha quedado sin objeto. Omar Pico asumió su culpa, pero no así el senador Rodríguez, que habría delinquido al incitar a la comisión de un hecho punible penado con hasta seis años de cárcel e incurrido en una causal de pérdida de investidura por el uso indebido de influencia.
El Estado ha vuelto a fracasar en la cuestión indígena, esta vez por su negligencia, al no perseguir a quienes coaccionan a sus agentes, y por su torpeza, al no precisar la ubicación de unas tierras por él otorgadas. En verdad, es increíble que el INDI haya estado discutiendo con el Indert, durante años, acerca de la validez de unos títulos de propiedad sobre un inmueble que, en realidad, estaba situado a gran distancia de la zona en disputa: trasladó a los indígenas al sitio equivocado y desató un grave conflicto que se viene arrastrando desde hace largos años. Como es obvio, el Estado también fracasó en su obligación de precautelar la propiedad y la seguridad de la familia agredida, víctima, en última instancia, de la notoria ineptitud de sus agentes. Fue considerable el daño físico, moral y patrimonial causado por quienes se creen intocables por su condición de indígenas, más aún cuando cuentan con un respaldo senatorial.
Conociendo cómo se manejan estas cosas en nuestro país, no cabe esperar que las víctimas sean resarcidas ni que tan siquiera reciban un pedido de disculpas. Es de temer, en consecuencia, que esta triste historia se repita, para mal de todos, incluidos los propios aborígenes, también manipulados porque quienes fungen de defensores de los intereses populares muchas veces no pasan de ser unos farsantes de tomo y lomo.