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Nada importa a los apresurados aspirantes que el Código pertinente prohíba que en unos comicios como esos la propaganda electoral dure más de treinta días: los afiches y pintadas ya están a la vista. La normativa citada ordena a las municipalidades que, de oficio o a requerimiento de los Juzgados Electorales, indiquen los lugares autorizados para la fijación de carteles o murales, previa autorización de los dueños de los inmuebles afectados, así como las medidas para preservar el ornato de la ciudad y la sanidad pública, “durante la época de realización de propaganda”. Por decir lo menos, la reglamentación respectiva brilla por su ausencia en la enorme mayoría de los municipios, de modo que, en virtud del principio de que lo no prohibido está permitido, mal se podría impedir que los afiches y las pintadas aparezcan por doquier, salvo en puentes, edificios públicos, monumentos, señales de tránsito y calles, por expresa disposición del Código.
Resulta aún más grave que esta normativa no penalice la propaganda electoral extemporánea, cualquiera sea el lugar en que se realice, de modo que la prohibición referida no pasa de ser un simple consejo. Funcionarios del Juzgado Electoral a cargo de Modesto Núñez detectaron y eliminaron la propaganda electoral efectuada en la vía pública de cuatro ciudades del departamento Central, una labor que, según el juez, deben realizar las respectivas municipalidades; desde 2019, según agregó, se les vendría instando a las autoridades comunales a que lo hagan, “pero, lastimosamente, no hay ningún interés en sancionar a los responsables”. El serio problema es que el Código no incluye la propaganda electoral extemporánea ni entre los delitos ni entre las faltas, de modo que mal podrían los intendentes aplicar una sanción al respecto: solo se limita a castigar con una multa de cien jornales mínimos la violación de sus prohibiciones relativas al contenido del material.
Si aún no se ha llenado dicha laguna legislativa es porque entre los eventuales sancionados tendrían que figurar muchos parlamentarios que, llegado el momento, buscarán ser reelectos, sin caer en la “ingenuidad” de respetar el plazo legal de los treinta días previos a los comicios internos, para desplegar su propaganda electoral. Sus adversarios tampoco lo harán, así que hay que apresurarse a contratar y emplear cuanto antes a los “operadores políticos” que disponen de votos y a los pintores que embadurnan paredes. Saben que no se trata de una contienda entre caballeros, sometidos a las reglas no escritas del juego limpio; si lo fueran, acordarían al menos de palabra poner un límite al electoralismo y no seguir aprovechándose de que el Código deje impune el abuso. Las campañas electorales internas insumen mucho tiempo y, por ende, mucho dinero. Parece razonable, entonces, temer que quienes terminen conquistando un escaño traten de recuperar desde allí el capital invertido.
El Paraguay vive en una campaña electoral casi permanente, como si la conquista de un cargo fuera el único objetivo de la actividad política, un fin en sí mismo, una costosa competencia que nada tiene que ver con las necesidades y los anhelos de una población cada vez más golpeada por la politiquería.