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Desde luego, los conductores deben respetar las normativas vigentes y quienes así no lo hagan deben pagar las consecuencias, pero para ello es indispensable que, por su parte, la administración municipal cree las condiciones adecuadas. Así, es obvio que para evitar accidentes, las calles y avenidas deben hallarse en buen estado, los semáforos en funcionamiento y las señalizaciones visibles, lo cual está lejos de suceder, ya que Asunción es como una ciudad en ruinas. Por supuesto, en caso de un accidente, nadie va a tener como atenuante de que quien cometió una infracción fue forzado por la necesidad de eludir uno de los tantos baches que ilustran la desidia municipal. Si debe ser castigado el conductor que transgrede el reglamento, la Municipalidad tendría que reparar el daño causado por las deficiencias de la infraestructura vial, a cuyo correcto mantenimiento está obligada; si no lo hace, puede ser demandada judicialmente, lo que supone el inconveniente de que la indemnización eventual sea abonada otra vez con el dinero de los vecinos y no con el de los funcionarios responsables.
En otros términos, las serias consecuencias de la ineptitud y la negligencia siempre recaen sobre la población, de modo que ella también debe ser mucho más exigente con las autoridades municipales: al fin y al cabo, las carencias en materia vial amenazan la vida y los bienes, tanto de conductores como de peatones. Conste que existe toda una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, con un Directorio integrado por cuatro ministros y tres intendentes, entre ellos el de Asunción: no se tienen noticias de sus actuaciones.
En la capital, el descontrol en la materia es tan evidente que el reglamento en vigor es poco menos que letra muerta. Valga como ejemplo que la norma referida a las condiciones técnicas que deben reunir los vehículos en circulación consta de diecinueve incisos; el referido al sistema de iluminación, tiene ocho apartados: se puede tener la certeza que la enorme mayoría no reúne esas condiciones. Existe también una Ley Nacional de Tránsito y Seguridad que, entre otras cosas, se ocupa de los peatones, disponiendo que donde los cruces o franjas peatonales estén obstruidos, la Municipalidad asegure la señalización y protección para que los peatones circulen, pero nuestras calles adolecen de la falta o mal estado de tales indicadores, no digamos ya de una simple pintura de las lomadas reducidoras de velocidad que abundan en todas partes, de cuya existencia, por ese motivo, el conductor se entera ya cuando su vehículo ha sufrido el porrazo.
Pero la cuestión de fondo, en lo que a la capital atañe, es que la Municipalidad no se ocupa de crear las condiciones mínimas que se requieren para que el tránsito fluya normalmente: con las vías públicas llenas de baches, los semáforos descompuestos o descoordinados y las señalizaciones ausentes o dañadas, los conductores no pueden desplazarse sin correr el peligro de un accidente. Más allá de lo que establezcan las normativas en materia de sanciones, lo que corresponde es que la Municipalidad, culpable de esas graves anomalías, ponga la casa en orden, tanto en lo que respecta a la infraestructura vial como a su exuberante plantel de funcionarios, contratados y jornaleros: las multas no deben servir para seguir alimentándolos, a costa de todos.
Es absurdo que la principal amenaza contra la seguridad vial provenga del órgano encargado de preservarla, al destinar ilícitamente más del 65% de sus ingresos a los “gastos de personal”, en detrimento de áreas tan relevantes como la del tránsito. Los asuncenos tienen derecho a exigir que el intendente, actualmente Óscar “Nenecho” Rodríguez, y los concejales se ocupen de brindar seguridad vial, invirtiendo los fondos que hoy están siendo malversados o derrochados en beneficio de la clientela.