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Los diputados cobran una dieta mensual de 32 millones de guaraníes, gozan de un seguro médico privado, disponen de cupos de combustible y hasta pueden viajar al exterior con los gastos pagos; a cambio, deben asistir a las sesiones ordinarias semanales de la Cámara y de las comisiones que integran, así como a las extraordinarias especialmente convocadas; el receso parlamentario se extiende desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo. Aunque su tarea –muy bien remunerada– diste de ser agotadora, tanto que podrían ejercer sus respectivas profesiones, no es raro que las sesiones sean levantadas porque no asistió la mitad más uno de los diputados o porque algunos de ellos se retiraron durante las deliberaciones, provocando la falta de quorum, esto es, un sabotaje al quehacer institucional. Si a la irresponsabilidad y al juego sucio se suma la corrupción, resulta que la imagen de ese cuerpo legislativo es bastante mejorable.
Como no son sancionados los ausentes ni los desertores, a fin de mes perciben la misma suma que quienes cumplieron con sus obligaciones, una injusticia notoria que también implica un cobro indebido en perjuicio del contribuyente: a un obrero se le paga solo por las horas trabajadas, pero un diputado puede holgar impunemente, gracias a la blandura del reglamento interno de la Cámara y a la permisividad de su presidente de turno. La normativa disponía que este se limite a llamar al orden al diputado cuyas ausencias fuesen reiteradas e injustificadas; si persistiere en sus ausencias, su dieta sería descontada según las sesiones a las que hubiese faltado: no se aclaraba cuántas ausencias serían necesarias para la simple amonestación, ni cuántas implicarían una persistencia. Desde luego, el presidente empleaba su facultad discrecional en beneficio de los raboneros, más aún cuando pertenecían a su mismo sector partidario.
En 2013, el reglamento interno fue modificado; desde entonces, los que falten a tres sesiones consecutivas o alternadas deben ser sancionados con 600.000 guaraníes y con 300.000 quienes se ausenten dos veces antes de concluir las sesiones, sin el permiso de la Presidencia. El documento original no imponía ninguna pena en este último caso, por lo demás frecuente. Pese a estos cambios, que tras nueve años aún no fueron introducidos en el reglamento interno que se lee en la página web de la Cámara de Diputados, siguen siendo habituales las ausencias injustificadas y los abandonos maliciosos del recinto parlamentario, en señal de disgusto o para impedir la aprobación de una iniciativa: el último se produjo el 29 de junio, cuando los diputados cartistas y sus aliados dejaron sin quorum –impunemente– la sesión en que se iba a tratar el proyecto de ley que aprueba el “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco”.
El anterior presidente, Pedro Alliana (ANR), se ufanó de haber multado a más de mil funcionarios de la Cámara, pero no así –con toda razón– de haber hecho lo mismo con los muchos que viven tan bien a expensas de los contribuyentes, trabajando tan poco. En efecto, en sus años de gestión al frente de la Cámara, solo sancionó a los colorados Freddy D’Ecclesiis, Édgar Espínola, Roque Sarubbi, Colym Soroka, Miguel Cuevas y Tomás Rivas, así como al liberal Celso Maldonado. Numerosos diputados ni siquiera se limitan a ocupar sus bancas y levantar la mano de vez en cuando, manteniendo la boca cerrada; no se sienten compelidos por el reglamento, por sus respectivas facciones o por su conciencia cívica.
Para peor, y dado que casi todos buscarán ser reelectos, es presumible que las ausencias recrudezcan durante la campaña electoral ya en curso, ya que les parecerá necesario desplegar algún esfuerzo, recorriendo ciudades, pueblos y compañías, a fin de retener una sinecura tan envidiada por quienes también querrían instalarse en el Presupuesto, y no precisamente para representar al pueblo como es debido. En otras palabras, se lanzarán a la conquista de votos, pagando a los “operadores” que haya que pagar, dejando de lado el ejercicio de la función parlamentaria, que se les confió en mala hora en 2018 o incluso antes.
Como era previsible, el actual presidente de la Cámara, Carlos María López (PLRA), prometió castigar a quienes no asistan a las sesiones: si lo hace, aunque ello lo malquiste con algunos de los que apoyaron su candidatura, habrá prestado un buen servicio a la población y a la institucionalidad. Al decir del recordado Carlos Portillo, los diputados no son como el común de la gente, pues, en verdad, disfrutan de irritantes privilegios a costa de los que se ganan el pan trabajando.
Quienes los mantienen con sus impuestos deberían tenerlo en cuenta y exigir a los electos en 2023 que, al menos, concurran a las sesiones y permanezcan en ellas. Deben recordarles sus obligaciones a cada momento, desnudando constantemente su irresponsabilidad a través de manifestaciones públicas o de las redes sociales, y obligar así a las autoridades de las Cámaras que apliquen las sanciones que correspondan, porque en este país ya no se puede seguir financiando la buena vida de los haraganes y sinvergüenzas.