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Por el lado del gasto, la lista comienza con un proyecto de ley de actualización de haberes jubilatorios de funcionarios públicos, con un costo inmediato de 200 millones de dólares, que va completamente de contramano con las urgentes reformas que necesita la deficitaria Caja Fiscal, uno de los problemas más graves que le tocará enfrentar al gobierno que saldrá de las urnas en 2023. Según proyecciones oficiales, ya durante el próximo período presidencial el agujero en el sistema previsional del sector público llegará a los 3.000 millones de dólares, una cifra que triplica los ingresos fiscales por Impuesto al Valor Agregado. Significa que habría que subir 300% el IVA solamente para solventar las jubilaciones de los funcionarios retirados. Lamentablemente, antes que alzar los haberes, como se plantea, habrá que reducir beneficios y ampliar los años de aporte, porque, de lo contrario, pronto no habrá ni para pagar los sueldos a los funcionarios activos, no digamos ya a los jubilados. Por ahora se suspendió el tratamiento de este proyecto, pero ya se anuncian manifestaciones y no sería extraño que lo retomaran en el año electoral.
Además, hay proyectos para aumento salarial a los actuarios judiciales, ya con media sanción en Diputados; para remuneraciones extraordinarias, pasajes, viáticos y contratación de más personal en la Contraloría General de la República; para ajuste salarial y creación de cargos en el Ministerio Público; para sueldos y aguinaldos en el Ministerio del Ambiente; para adquisición de equipos en el Hospital de Clínicas; para mantenimiento de edificios del Ministerio de Salud; para aumento salarial, reposición de salarios recortados y contratación de más funcionarios en la Cámara de Senadores; para cambio de fuente de financiamiento de la Caja de Jubilaciones de Empleados Ferroviarios.
Como remate, se suma el disparatado proyecto de “compensación histórica” a exobreros de Itaipú, que ya cuenta con media sanción en el Senado, y que tiene un costo de casi 1.000 millones de dólares, el doble de todo lo que recibe anualmente el país por royalties y compensaciones por cesión de sus excedentes energéticos en la binacional. A los políticos no les importa repartir el dinero ajeno (y seguramente quedarse con una gran tajada), pero esos recursos son de todo el pueblo paraguayo y deben ser utilizados para beneficio de toda la ciudadanía, no de un pequeño sector. Por otra parte, desde el punto de vista estratégico, de aprobarse, este proyecto podría socavar seriamente la posición paraguaya en la mesa de negociación por la revisión del Anexo C del Tratado.
En total, solo los proyectos mencionados agregarían al gasto público alrededor de 1.200 millones de dólares en 2022, casi 3% del PIB, lo mismo que todo el déficit proyectado para todo el año considerando todas las instituciones estatales, el cual ya de por sí duplica el tope ordinario de la ley de responsabilidad fiscal.
En contrapartida, por el lado de los ingresos, estudian un proyecto que elimina el Impuesto Selectivo al Consumo sobre los combustibles y lo reemplaza por el IVA (que genera crédito fiscal). Está más que demostrado que el impacto que ello podría tener en el precio final de los carburantes es mínimo, pero al fisco le causaría un perjuicio de unos 265 millones de dólares. Adicionalmente, se quieren ampliar las deducciones del IVA, lo que se estima haría caer las recaudaciones de este impuesto en 108 millones de dólares, y también está en estudio un proyecto para ampliar el régimen de turismo en ciudades fronterizas, que le restaría al erario otros 50 millones de dólares.
En las condiciones en que se encuentran las finanzas públicas, todo esto es un absoluto contrasentido. Reducir los impuestos sería beneficioso para los contribuyentes en un año difícil, pero para eso primero hay que recortar los egresos, no incrementarlos. ¿Cómo pretenden los congresistas que se financien los gastos que ellos mismos aprueban? Si algo les resta de responsabilidad y sensatez, si algo les queda de preocupación por el destino del país, deben anteponer el interés general sobre el sectorial y rechazar estos proyectos proteste quien proteste.