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No por tristemente usual el hecho deja de causar indignación y de exponer uno de los vicios más arraigados y más perniciosos de la política paraguaya. En este caso fue Velázquez, pudo haber sido cualquier otro y la apreciación no cambiaría, aunque, dada su actual investidura y siendo su compañero de fórmula un joven que se presenta como miembro de una nueva generación con aires renovadores, bien podrían haber dado el ejemplo y mostrar que quieren hacer algo diferente si alcanzan las altas magistraturas que pretenden.
Lamentablemente, perdieron la oportunidad. Al contrario, en vez de al menos disculparse y comprometerse a tenerlo en cuenta en adelante, Velázquez lo tomó a la chacota al declarar que la mayoría de los funcionarios son colorados y que el Partido Colorado “es un sentimiento”, como si lo que se estuviera discutiendo fuera un encuentro de fútbol. Puede que ello satisfaga a muchos de sus seguidores y hasta sea festejado por sus adulones, pero es una bofetada para la mayor parte del resto de la ciudadanía.
Los funcionarios públicos tienen expresamente prohibido por ley “ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada de trabajo (…) para fines ajenos a lo establecido para el organismo estatal donde cumplen sus tareas; y en especial ejercer cualquier actividad partidaria dentro del mismo”. Así lo determina el artículo 60, inciso d, de la Ley de la Función Pública, pero si no lo acata ni la ministra secretaria del ramo, ni parece importarles a aquellos que aspiran a administrar el Estado, ¿qué modelo a seguir tienen los demás, qué defensa tienen los contribuyentes, que ven cómo se derrochan impunemente los recursos que salen de sus bolsillos?
La imagen que se vio el jueves es típica del Estado clientelista y prebendario que tenemos y que hace treinta años nos prometen reformar, para hacerlo más profesional, más acorde con las necesidades del país, para que sea un puntal y no un cuello de botella de su desarrollo. Pero la mayoría de los políticos se resiste porque sigue creyendo que su éxito depende precisamente de su capacidad de apoderarse del “botín”, de abusar de los bienes públicos y de liderar la repartija para comprar conciencias, a la par de beneficiarse personalmente.
Sin embargo, el cálculo debería ser muy distinto, primero por una cuestión de números. Se puede pensar que los funcionarios son un factor electoral determinante, pero la realidad es que menos del 10% de la fuerza laboral del Paraguay se desempeña en el sector público, ya incluyendo gobernaciones y municipalidades de todo el país. El resto está compuesto por trabajadores del sector privado, formales e informales, asalariados o cuentapropistas, que son los que sostienen a esos mismos que salen a hacer hurras en horario de trabajo. Aquellos que entiendan que su compromiso principal está con ese otro 90% son lo que terminarán obteniendo los mejores réditos.
Segundo, por una cuestión de costos. A principios de los años noventa, el gasto público era de 2.000 millones de dólares con el tipo de cambio de la época. Hoy es de 14.000 millones de dólares, sin que ese enorme aumento haya tenido una equivalencia mínimamente razonable en términos de mejoría de servicios estatales a la ciudadanía. El Estado actualmente tiene 17 ministerios, 14 secretarías con rango ministerial, una multiplicidad de agencias, oficinas especiales, centros, consejos, además de 29 entes autónomos y autárquicos, cinco empresas públicas y cuatro sociedades anónimas con acciones estatales, cinco entidades financieras oficiales, aparte del Banco Central, cinco entidades públicas de seguridad social, nueve universidades nacionales, dos entidades binacionales, lo que se completa con 17 gobernaciones y 267 municipalidades. Todo el peso de esta estructura recae principalmente sobre las espaldas de la gente que no vive del Estado y que no está conforme con lo que el Estado le proporciona, que es la gran mayoría de la población. Los políticos que no vean esto no tienen mucho futuro.
Y lo tercero que deberían tener muy en cuenta los políticos es que la actual situación también perjudica, y mucho, a los buenos funcionarios públicos, a los honestos, a los capaces, a los comprometidos, a los que quieren hacer las cosas bien y por lo general terminan frustrados, marginados, desmoralizados, cuando no enviciados también muchos de ellos, al constatar todos los días que de nada valen mayor esfuerzo y aptitud cuando, salvo excepciones, los mejores cargos, ascensos y beneficios recaen sobre los parásitos, los haraganes, los corruptos, los chupamedias que les responden a los peces gordos de la política antes que a sus instituciones.
Punto en contra para Velázquez y Brunetti y, en cuanto a Cristina Bogado, quien quiere ser senadora, debería pedir perdón y renunciar, ya que incumple lo que tiene por obligación legal hacer cumplir. Pero la última palabra la tienen los electores. Todos estos son detalles que tienen que recordar y tomar en consideración a la hora de evaluar a quiénes les prestarán su confianza para dirigir los destinos del país.