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Un radar primario y otro secundario, comprados de la firma Omni SA -representada por Jorge Ramírez- por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) a un costo de 50.820 millones de guaraníes en total e instalados con atraso en el aeropuerto de Concepción, no funcionan correctamente y son de menor alcance que los previstos en el contrato inicial, adjudicado en 2017 bajo la gestión de Luis Aguirre y ejecutado por posteriores titulares del ente Édgar Melgarejo y Félix Kanazawa. Este último, actual presidente, afirma que los pagos se hicieron antes de que él ocupara el cargo. Sin embargo, según la Contraloría General de la República, ya bajo su administración la Dinac autorizó el pago de 875 millones de guaraníes más a la empresa de marras en diciembre del año pasado, por reajuste de precio. Fundado en un informe al respecto del comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), general Arturo Javier González, la Contraloría comunicó al Ministerio Público lo que configuraría un hecho punible de lesión de confianza, siendo de esperar que este organismo, a cargo de Sandra Quiñónez, se muestre más diligente de lo habitual.
Desde luego, habría sido raro que si en la Dinac se delinquió hasta con mascarillas adquiridas durante la pandemia, se hubiera desaprovechado allí la brillante ocasión de echar un manotazo al financiamiento de los radares: es de pensar que a los inescrupulosos no tendría por qué importarles más la seguridad del espacio aéreo que la salud pública. En efecto, más allá del aparente latrocinio, se plantea aquí la grave cuestión, tantas veces denunciada, de la falta de radares que permitan detectar oportunamente el ingreso de aviones y no solo de los que transportan pasajeros sino, y especialmente, de los que trafican con drogas. Resulta que una de las grandes ventajas que el Paraguay ofrece al narcotráfico es que tiene la nula posibilidad de que los cargamentos provenientes del noroeste, sobre todo, pueden ser “bombardeados” o desembarcados en una de las numerosas pistas de aterrizaje “clandestinas”, para evitar su posterior distribución internacional. En 2019, el Departamento de Estado norteamericano informó que “los traficantes aprovechan las fronteras vulnerables del país, las pistas de aterrizaje clandestinas, la falta de control del espacio aéreo, las extensas vías fluviales y la carencia de recursos de los agentes judiciales y policiales, para llevar cocaína sobre todo al Brasil”. Bien se sabe que poco o nada ha cambiado, desde entonces.
El Congreso tiene la facultad constitucional de reglamentar la navegación aérea y hasta la espacial (!), pero sería inútil, pues el Estado no puede saber lo que pasa en sus cielos, por la simple razón de que carece de radares. Y esta es una cuestión que debe llamar seriamente la atención, pues desde hace varios años se viene hablando de su necesidad imperiosa pero siempre se opuso cualquier dificultad para concretarlos. Y ahora resulta que uno adquirido a alto costo... ¡no funciona! Es como para pensar que una gran mano negra opera para impedir que un sistema eficaz de radares funcione en nuestro país.
Es una perogrullada decir que mientras persista la ceguera sobre nuestros cielos, que permite el tránsito fluido de avionetas de la mafia, será estéril toda discusión acerca de un proyecto de ley de derribo para combatir el narcotráfico. Al decir del comandante de la FAP, “si tuviésemos los medios para la interceptación, la detección, sería innecesario realizar el derribo. No tenemos esos medios’' (...). Agregó que para controlar el espacio aéreo se necesita un radar primario de largo alcance. En Concepción hay uno que sirve como secundario, que no funciona como tiene que funcionar. De hecho, el primario no opera desde el 16 de noviembre de 2021 y el secundario lo hace solo en forma intermitente, pese a la notable inversión realizada.
Así las cosas, sigue resultando inocua la Ley N° 5400/15, que permite a la FAP obligar a un avión, mediante medidas disuasorias, a descender cuando arroje “elementos” dentro del territorio, invada el espacio aéreo sin permiso de sobrevuelo o autorización del Control de Tráfico Aéreo o “se requiriese la investigación de posibles ilícitos”. No está autorizada a derribarlo. En los últimos siete años ninguna narcoavioneta ha sido interceptada, pues para ello es necesario que previamente sea detectada con medios electrónicos y que haya aviones militares en condiciones operativas. Meses después de que la ley citada entrara en vigor, la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio Público descubrieron que funcionarios de la Dinac y pilotos con licencia “blanqueaban” aeronaves con matrículas falsas, para su empleo en el narcotráfico regional.
Insistimos, es como para pensar que, atendiendo la corrupción rampante, así como el enorme poder económico del crimen organizado, no sería sorprendente que las fallas constatadas en los equipos instalados, así como su alcance reducido, hayan sido intencionales. En otros términos, conviene que el Ministerio Público investigue con premura no solo el daño causado al erario, sino también la eventual intervención dolosa de personas interesadas en que el narcotráfico aéreo escape a su localización electrónica. Para que nuestro país deje de ser un eslabón en el tráfico de estupefacientes, es preciso que cuente no solo con radares y aeronaves militares, sino también con funcionarios insobornables: esto último sería lo más difícil de lograr, pero hay que esforzarse, persiguiendo a los burócratas delincuenciales.