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El escenario que se está montando en torno a Petropar y a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) es casi idéntico al que terminó con uno de los mayores negociados de la era democrática, perpetrado mayormente durante el gobierno de Fernando Lugo, que solo trajo perjuicios al país y un “mono” de 300 millones de dólares sobre las espaldas de la ciudadanía por el que nunca nadie ha respondido.
El 18 de noviembre de 2004, los entonces presidentes Nicanor Duarte Frutos y Hugo Chávez Frías firmaron el “Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas”, que supuestamente concertaba un convenio mutuamente ventajoso de intercambio de combustibles por commodities agropecuarios bajo modalidad SWAP. En la práctica, sin embargo, entre 2006 y 2012 Paraguay compró 2,9 millones de metros cúbicos de gasoíl a PDVSA por 1.881 millones de dólares, de los cuales unos 270 millones quedaron impagos, mientras que, en contrapartida, Venezuela prácticamente no importó ni un poroto de soja, ni un kilo de carne, ni un grano de arroz de Paraguay.
Las condiciones nunca fueron lo favorables que prometieron. Todo lo contrario, terminaron siendo sumamente leoninas para nuestro país, que no obtuvo ni precios ni tasas preferenciales, no consiguió compensaciones en su balanza comercial y hasta el día de hoy se ve obligado a litigar en cortes internacionales de arbitraje para defender su posición sobre el monto final de la deuda, debido a la aplicación de dudosos intereses moratorios y punitorios al margen del acuerdo.
Jamás hubo “compras directas sin intermediarios”, como se dijo entonces y se vuelve a invocar ahora. Todas las operaciones se hicieron a través de los mismos “traders” que normalmente proveen combustibles al mercado local desde el Río de la Plata y a los que teóricamente se busca eliminar, con la diferencia de que los “premios” –que son precisamente los costos de intermediación– fueron en aquella época los más altos de los que haya pagado Petropar.
Por ejemplo, entre agosto de 2008 y febrero de 2009, ya durante el gobierno de Lugo, se pagaron premios de 84,5 dólares el metro cúbico, frente a una media habitual de 30 dólares. Tenemos derecho a sospechar que de allí salían grandes “comisiones” para repartijas bajo la mesa.
En total se firmaron con PDVSA quince contratos de adquisición de gasoíl, los cinco primeros durante el gobierno de Nicanor, por 431 millones de dólares entre febrero de 2006 y agosto de 2008, y los diez restantes durante el gobierno de Lugo, por 1.450 millones de dólares hasta febrero de 2012. Las provisiones se hicieron a través de Petrobras en un 36% (en épocas de los graves hechos de corrupción en los que se vio envuelta durante la administración del PT en Brasil), Trafigura en un 24%, Glencore en un 12% y otros en un 28%.
Además de los altos premios y los precios poco transparentes vía contratos sin licitación, tal como pretenden hacerlo ahora, a menudo bien por encima de la cotización internacional, posteriormente se interrumpieron los pagos, al amparo de una cláusula política de financiación a quince años de plazo en el Acuerdo de Caracas, con dos años de gracia y una presunta tasa flat del 2% anual, que nunca fue tal en la realidad.
Nuestro diario desde un principio se opuso a que se financiara la compra de un producto que se vendía al contado. A ningún consumidor paraguayo que cargara su tanque en una estación de servicio se le permitía pagar a plazos, por lo que no tenía sentido que Petropar hiciera lo propio con sus proveedores. Se advertía que la consecuencia sería crear una imparable bola de nieve, que fue exactamente lo que ocurrió.
Al 15 de agosto de 2008, cuando Nicanor entregó el poder, la deuda vencida con PDVSA era de 21,7 millones de dólares, una cifra ya de por sí considerable. Con Lugo, las facturas impagas pasaron a sumar 269 millones de dólares, sin contemplar intereses acumulados por todo concepto.
La gran pregunta es qué pasó con la plata. Si Petropar cobraba religiosamente al contado a sus clientes por un lado y no le pagaba a PDVSA por el otro, en algún lugar tuvo que haber quedado la diferencia. Se suele alegar que hubo que vender por debajo del costo durante un tiempo para no subir el precio al público, pero ese subsidio fue solo en 2008, cuando el precio del crudo experimentó una disparada, mientras que el grueso de la deuda vencida se acumuló después de ese año. Hasta tanto no respondan convincentemente esa pregunta, una vez más, tenemos derecho a sospechar que una gran parte fue a parar a donde no debía.
La mayor responsabilidad recae sobre el gobierno de Lugo y su grupo político, sobre el que pesan varios indicios de haber recibido dinero ilegal de la Venezuela chavista. Por ejemplo, en octubre pasado, Hugo Armando “Pollo” Carvajal, quien fue nada menos que jefe de inteligencia y contrainteligencia militar de Hugo Chávez entre 2004 y 2011, y nuevamente de Nicolás Maduro en 2013 y 2014, declaró formalmente bajo juramento ante la Audiencia Nacional de España que Chávez proporcionaba fondos de manera sistemática, entre otros, a Fernando Lugo en Paraguay.
Por lo tanto, más allá de que fue parcialmente vetada, no puede menos que llamar la atención que el Frente Guasu, así como otros políticos y gremios, quién sabe con qué ocultas promesas, estén tan interesados en la ley recientemente sancionada por el Congreso para relajar las normas de contratación de Petropar, en coincidencia con la llegada de una misión de parlamentarios venezolanos afines a la narcodictadura de Nicolás Maduro –al parecer, precisamente de la mano del Frente Guasu, del senador liberal Blas Llano y el guiño de presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón– en momentos de recaudación para la campaña electoral.