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El establishment paraguayo se jacta constantemente de contar con un sistema electoral casi perfecto y transparente, acompañado por un Tribunal Superior de Justicia Electoral que cumple con los estándares de transparencia necesarios en una democracia participativa. Si estas afirmaciones son correctas, ¿cómo es que la representación en la Cámara de Diputados y Senadores es de dudosa legitimidad? En ambas cámaras se han descubierto congresistas que presuntamente forman parte de esquemas oscuros desde la corrupción en la función pública. Solo por citar algunos casos: Óscar González Daher, Ulises Quintana, Jorge Oviedo Matto, Dionisio Amarilla, Freddy D’Ecclesiis, Erico Galeano, Víctor Bogado. Ninguno de estos personajes puede ser considerado popular, al punto de lograr los votos necesarios para acceder a una banca. A pesar de ello, consiguieron ingresar al Congreso, banca que parecieron usar para traficar influencias y en algunos casos para otras cuestiones tanto o más graves.
Actualmente se debe llenar uno de los cargos a ministro de la Justicia Electoral, y son varios los parlamentarios que se presentaron a concurso. Uno de ellos, Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez (PLRA), renunció a la senaduría para candidatarse, lo cual generó no pocas controversias. El Consejo de la Magistratura, órgano sobre el que pesan constantes sospechas de ser influenciado por grupos políticos y económicos, deberá resolver si hace lugar a la impugnación del exsenador “Ancho” Ramírez, la que se funda en que no cumple con uno de los requisitos previstos en el artículo 275 de la Constitución Nacional, a saber, haber ejercido efectivamente la profesión, o desempeñado funciones en la magistratura judicial o ejercido la cátedra universitaria.
Como lastimosamente es costumbre en los manejos de la política criolla, están apareciendo dictámenes solicitados por el mismo Consejo de la Magistratura, que le permitan tomar decisiones. Es inaceptable que los integrantes del colegiado deban pedir opiniones jurídicas para votar, ya que la idoneidad es un requisito inexcusable para ocupar un cargo público. Estas jugadas del Consejo de la Magistratura tienen un tufo de pretexto para luego sostener una decisión contra la ley.
Según lo que se sabe, por ser un hecho de pública notoriedad, el abogado “Ancho” Ramírez nunca ejerció la profesión de abogado. Cuando la Constitución exige que debe justificarse ejercicio efectivo de la profesión, quiere decir que el postulante debió dedicarse a la práctica profesional, para lo cual debió contar con matrícula expedida por la Corte Suprema de Justicia.
La otra posibilidad es que haya ocupado un cargo en la magistratura judicial, es decir, haberse desempeñado como juez en el sistema judicial, lo que tampoco cumple el postulante. Como última opción queda el ejercicio de la docencia universitaria, lo cual no forma parte del currículum del exsenador.
Contrariar las normas constitucionales o interpretarlas interesadamente para favorecer grupos de poder es atentar contra el sistema republicano y seguir desgastando una de las bases del sistema democrático. Se ha vuelto una costumbre nociva acordar el paso de actores políticos del ámbito legislativo, a otros poderes, como sucedió con el caso de Víctor Ríos, exsenador actualmente ministro de la Corte. Sumar otro exsenador al Tribunal Superior de Justicia Electoral, con el agravante de no cumplir con requisitos de la norma constitucional, tendrá consecuencias directas sobre el control y garantía del sistema electoral.
El manejo y el abuso de los concursos a cargos en el sistema judicial o electoral terminarán por debilitar las instituciones, como está sucediendo en el Poder Judicial. En algún momento, el Consejo de la Magistratura deberá recuperar la confianza ciudadana, lo que sucederá únicamente si respeta los procesos de selección aplicando estrictamente la ley con transparencia.