Cargando...
El descubierto involucramiento del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio con un sospechado narcotraficante brasileño, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua –pareja de Jussara Cabral, una accionista de Tabesa, la tabacalera del expresidente Horario Cartes–, no hace desaparecer la catarata de denuncias que han brotado contra la Fiscalía General del Estado: al contrario, confirma que la impunidad existente fogonea la comisión de más ilicitudes con todo desparpajo. Es tanta la falta de combate a los crímenes que el operativo “A ultranza Paraguay”, que ayer se desplegó en suelo paraguayo, con participación de antidrogas estadounidenses, europeos y uruguayos junto con los nuestros, confirma que se han estado metiendo descomunales sumas de dinero sucio al país… ¡y lo han lavado exitosamente! Solo en bienes muebles e inmuebles, fruto de la plata sucia que se han detectado en esta ocasión, se ha logrado cuantificar unos 100 millones de dólares.
Muchos ingenuos piensan que porque Giuzzio ha perdido autoridad moral para hacer denuncias, también se evaporan y se pulverizan las que ya ha realizado y que han cobrado estado público en las últimas semanas sobre reportes de inteligencia desoídos, denuncias de crímenes financieros y actividades ilícitas en el sistema formal de la República del Paraguay. Están profundamente equivocados: esto no es sino la calamitosa confirmación de que estamos siendo permeados por el crimen organizado en todos los niveles de organización del Estado y del Gobierno del Paraguay. Esto es la más pura ratificación de que los organismos encargados de velar por nuestro sistema republicano hace tiempo han dejado de cumplir las funciones que les han sido asignadas por la Constitución de la República.
El grado de impunidad en cuanto a crímenes, la permeabilidad de las instituciones y el adormecimiento de los músculos de control y castigo que se articulan por ley en la Fiscalía General del Estado se han conjugado en una macabra conspiración que debilita nuestra democracia. Hemos ingresado al peligroso campo donde no existe contrapoder ni autoridad porque entre ellos nadie se pisa la manguera, un juego despiadadamente sucio en el cual pretenden ponernos a todos en el mismo nivel de la mafia.
Más que nunca, el país debe poner de pie a la Fiscalía General del Estado, la única coraza ciudadana establecida por ley para representar los intereses de nuestra sociedad. Nadie en su sano juicio puede –ni debe pensar– que porque Arnaldo Giuzzio, ahora exministro del Interior, fue sorprendido amancebándose también con mafiosos, se ha debilitado o terminado el listado de las acusaciones contra Sandra Quiñónez.
Los escándalos de los gangsters en las últimas horas no han borrado NI UNA SOLA de las NUEVE causales que aparecen en el libelo acusatorio de la Cámara de Diputados en el pedido de enjuiciamiento de la fiscala general; es más, los últimos descubrimientos solo confirman que la inacción ha sentado tan graves antecedentes que ha generado una impunidad generalizada.
¿Alguna de estas severas acusaciones que aparecen en el libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez han desaparecido? 1) Caso Metrobús, con perjuicio patrimonial cercano a los 30 millones de dólares. Nunca investigaron a responsables. 2) Impunidad en el caso Darío Messer. 3) Protección a la delincuencia internacional, caso Zero Um (Roque Fabiano Silveyra), en el que se evidenció que actuaciones sistemáticas en otras investigaciones no fueron consideradas por la Fiscalía. 4) Omisión y complicidad en la falta de investigación del esquema criminal trasnacional que comprende lavado de activos, contrabando, asociación criminal, mecanismo de protección para el contrabando de cigarrillos fabricados por Tabesa. 5) Uso de criterios distintos que fueron aplicados en el caso de la declaración falsa de Horacio Cartes, documentos que saltaron en el caso de Pandora Papers. 6) Asesinato de Rodrigo Quintana y atropello a la sede del PLRA, donde se descartaron hechos e hipótesis para buscar solo responsables secundarios. 7) Ineficiencia y negligencia en gestión administrativa-financiera del Ministerio Público. 8) Impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones, escándalos materializados en robo de recursos de Fonacide, royalties, fondos de emergencia contra el covid. 9) Inacción y negligencia en causas de corrupción, contrabando y otros delitos.
Son tiempos de urgencias, de definiciones y de contundentes posturas. Aquellos políticos patrones de la ilegalidad que están restregándose las manos y operando para sacar más tajadas de la torta de la mafia, deben quitarse de la cabeza que podrán seguir tranquilos sin pagar las consecuencias, porque, más temprano que tarde, una ciudadanía harta de tanta inmundicia les va a pasar la factura. Son tiempos de valentía, de actos heroicos, de rescatar al Paraguay de esta interminable caída al abismo.
Ya no hay cabida para tibios ni cobardes; no existen tres, cuatro, ni cinco ni veinte bandos. Son solo dos caminos, y en este año electoral, el pueblo recordará de qué lado se alinearán sus representantes: Paraguay, de honestos o de mafiosos.