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Los antecedentes indican que la fábrica costó más de US$ 400 millones, se malvendió en US$ 35 millones y luego no se cobró ni US$ 20 millones. Por ello, tras detectarse el incumplimiento de dicho contrato no solo en el precio acordado sino en inversiones que debían hacerse, el gobierno de Fernando Lugo ordenó el “rescate” de Acepar el 9 de noviembre de 2009, en el último día del plazo que el Estado tenía para reclamar esa posibilidad.
En ese entonces y desde el 2004, aproximadamente, la planta era manejada por el empresario italoargentino Sergio Tasselli, aunque Cootrapar también seguía como socia.
El 7 de noviembre de 2013 el Gobierno actual logró una intervención judicial y recuperó de esa forma la administración de Acepar para el Estado. El 17 de febrero de 2014 se arrendó la planta a la brasileña Vetorial SA, y el 12 de septiembre de ese mismo año la Procuraduría presentó una demanda de arbitraje, que, sin embargo, sigue congelada hasta hoy.
En este arbitraje se debe definir si la acería queda en manos del Estado o de los privados que en su momento no cumplieron con el contrato.