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Se sabe que la ANNP, en vez de llamar a licitación vía ley de APP o vía ley de concesiones (a través del Congreso Nacional), se basó simplemente en resoluciones internas y en un decreto sobre tarifas, para tratar de justificar la cesión del puerto de Concepción durante 20 años. Además, el consorcio adjudicado (Baden SA) está integrada por CIE SA, que tiene como accionista al padre del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
La ANNP deberá proveer también todos los documentos e informes del primer llamado, que fue declarado desierto pese a que las tres empresas que se habían presentado pasaron la evaluación técnica. Las firmas fueron Puerto Seguro, CIE-Imperial y el consorcio Salto Aguaray-Mercoplus.
Asimismo, tendrá que informar los detalles sobre la segunda convocatoria, que había realizado la institución con muy escasa difusión y a la que solo se presentó CIE-Imperial, pero bajo el nombre de Baden SA, que fue finalmente contratada.
Una de las presunciones que existen es que, como en el primer llamado, como no ganó el consorcio CIE-Imperial, la ANNP lo declaró desierto e hizo un segundo proceso, sigilosamente.
Sobre esto, en su momento, el gerente administrativo y financiero de la institución, Pedro Villalba, y la directora jurídica, María Elizabeth Galeano, afirmaron que no corresponde otra figura que no fuese la “alianza operacional estratégica”.
Habían dicho que no podían hacer licitación vía Ley 2051, de Contrataciones Públicas, porque “no hay erogación estatal”, pues la inversión es privada. Añadieron que no se podía hacer por vía de la concesión “porque no es un servicio público”.
De todas formas, las sospechas al respecto siguen.