Por medio del AI N° 1131, el TSJE resolvió en el corriente mes dos puntos favorables al planteamiento de antiguos socios del gremio panadero, quienes vienen denunciando ante los medios de prensa y también judicialmente numerosas irregularidades verificadas en la administración de Villalba.
En el primer punto de la resolución el organismo hace lugar a la excepción de falta de personería jurídica del abogado Pedro López Gabriáguez, quien invocaba la representación del CPPF, por disposición del presidente, sin consentimiento del consejo directivo. Es decir, Justicia Electoral concluyó, tras las pruebas presentadas en el proceso, que el mencionado letrado carecía del mandato correspondiente para actuar en nombre del gremio, ya que no hubo asamblea de directivos que le otorgase ese poder; según los datos, López fue contratado por decisión de Villalba.
En el segundo punto, Justicia Electoral ordena el levantamiento de medidas cautelares dispuestas en julio de 2014 en otras resoluciones, por medio de las cuales dejaron sin efecto la decisión de la asamblea general extraordinaria en la que decidieron, por voto unánime, la destitución del presidente del gremio panadero. Esa convocatoria fue hecha por el síndico titular, Gustavo Fatecha, conforme permiten los estatutos del Centro, luego de comprobarse las denuncias sobre irregularidades.
Según lo explicado por uno de los denunciantes en este proceso, Carlos Fontclara, de la panadería Las Palmeras, tras la resolución del TSJE se deberá ejecutar la disposición de la mencionada asamblea, que determinó la destitución de Villalba, por no dedicarse realmente al sector panadero, obligación dictada por los estatutos.
En esa ocasión, acotó, también por unanimidad se resolvió la reincorporación de los directivos Jorge Jara, Graciela Núñez de Acosta, Máximo Jara, Tomás Acosta y Estela de Acosta. Todos ellos habían sido echados de forma irregular, sin motivos, en algunos casos vía telegrama colacionado y otros, por sumario administrativo. Incluso, hubo miembros que fueron destituidos y avisados vía mensaje de texto.
Apartaron del cargo incluso a la secretaria del CPPF, Etelvina González, funcionaria de 35 años de antigüedad.
Este año, Villalba intentó modificar 51 artículos de los 91 que poseen los estatutos, hecho que, según la denuncia, daría superpoderes al presidente del gremio, pero tras numerosos incidentes la asamblea convocada para el efecto fue postergada y luego quedó en stand by debido a los procesos judiciales.
Apelación
Ramón Villalba, por su parte, no está de acuerdo por la resolución de Justicia Electoral, por lo que decidió apelar el AI N° 1131. El organismo, una vez más, debe expedirse sobre el mismo tema.
Asimismo, el presidente del CPPF envió recientemente un telegrama colacionado a antiguos agremiados, críticos a su gestión, en el que les dice que ellos serán responsables de lo que pueda ocurrir en el Centro de Panaderos.