La acción fue presentada por el MOPC conjuntamente con la Dinac, y fuentes cercanas del ente aeronáutico comentaron que el MOPC y el Tribunal de Cuentas “se culpan recíprocamente” por la “metida de pata” de uno de los jueces que entienden en la causa, al haberle corrido traslado a la Contraloría para que conteste la acción de nulidad, pero sin aclararle contra qué dictamen se había recurrido.
Lo cierto es que un mes y medio después de la presentación de la acción, la justicia “no sabe” qué documentos están siendo recurridos. En tanto, la recomendación de Contraloría de cancelar todo el proceso ya tiene cuatro meses.
Adjudicar a toda costa
La empresa a la que el MOPC quiere adjudicar la licitación, pese a la recomendación de la Contraloría, es Sacyr, una firma española con diversos procesos judiciales abiertos en varios países donde tiene o tuvo obras, como Chile, España, Panamá y Colombia.
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Esos antecedentes debieron dejarla fuera del concurso, de cuerdo a lo que dispone la Ley de Alianza Público-Privada (APP) y el pliego que fue elaborado por el propio MOPC.