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Massi alegó que la prioridad es analizar la realidad del presupuesto nacional, que ahora “sincera” sus números.
“Aquí casi se está duplicando el tope de responsabilidad fiscal que es del 1,5% del PIB y para cualquier compra o incremento salarial, significará un aumento mayor de lo autorizado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Añadió también que además de los docentes, también hay otros sectores que suman al reclamo y que por eso persiste la urgencia de analizar la viabilidad, con base en la realidad del presupuesto y dentro de lo que permite la ley.
“Hay que discutir no solo si corresponden o no las reivindicaciones, sino que aquí está en juego la ley. Entonces, el Ejecutivo debe asumir una responsabilidad al respecto y establecer algún tipo de excepciones a la ley o plantear alguna otra salida.
Esta semana se inician las negociaciones entre docentes y Gobierno; esto, a fin de instalar una mesa técnica para el reajuste salarial del sector. Hacienda asegura que ya trabajan con base en el 7,7%, y a partir de allí se analizarán opciones adicionales. En tanto se resuelva el conflicto docente con el Gobierno, la posibilidad de una huelga general queda latente hasta tanto no se dé un acuerdo. De concretarse la medida de fuerza, unos 1.500.000 alumnos a nivel país quedarán sin iniciar las actividades del año lectivo 2017, que está previsto comiencen el 23 de febrero.