Los invasores exigen la compra de unas 3.339 hectáreas ofertadas por el dueño, para unas 239 familias censadas.
“Vienen los policías y fiscales que quieren ver nuestras caras, pero no les necesitamos a ellos, lo que queremos es que se compren las tierras y nos den a cada uno nuestra parte para trabajar”, dijo uno de los invasores que estaba encapuchado; advirtió que resistirán cualquier intento de desalojo y dijo que cuentan con apoyo de campesinos de varios lugares para resistir cualquier intento de desalojo.
Ya cuentan con precarias viviendas en la zona boscosa del inmueble, ejercen dominio y control con armas de fuego sobre las tierras.
En la fiscalía se registró una denuncia por parte de Jaime Peña y Agrosilos Santa Catalina del grupo Favero que también denuncia que la invasión se da en parte del inmueble de la empresa, la denuncia data de noviembre del año pasado, pero, llamativamente, no existe intervención, con el argumento de que son belicosos y peligrosos los invasores.
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La fiscala Fani Aguilera de Santa Rosa del Aguaray expresó que ayer fueron al lugar para relevar datos, pero los campesinos solo hasta un punto les permitieron el acceso. Agregó que pedirá a Indert informes sobre la situación de las tierras. Dijo también que hasta la fecha no hay intervención debido a que la Policía informó que los invasores son muy peligrosos, que temen un enfrentamiento y que el lugar es de muy difícil acceso. No obstante expresó que se llevan adelante los preparativos.
Cabe recordar que el fiscal adjunto, Marco Alcaraz, había planteado anteriormente una cumbre de poderes para resolver la directiva a seguir con relación al caso debido a la peligrosidad para una intervención fiscal-policial.
En tres oportunidades fue aprobado por Diputados la expropiación del inmueble, pero en tres ocasiones esa decisión fue rechazada en el Senado. La oferta anterior del propietario fue de G. 12 millones por hectárea, pese a que el Ministerio de Obras Públicas tasó a unos G. 5 millones por hectárea, según los propios campesinos.