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Una de las posibilidades que se barajan en el tema Rio Tinto Alcan (RTA) es que el Estado forme parte del proyecto, una especie de sociedad “joint venture”.
Según los técnicos del sector ambiental y energético, este plan –que figura en el último punto de las negociaciones– sería una estrategia de la multinacional para conseguir el amparo del Gobierno y otros beneficios, así como lo tienen otras empresas del Estado actualmente.
Precisamente, mencionaron a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), que desde hace décadas contamina los cauces hídricos de las ciudades sin que las instituciones de control, como la Fiscalía, la Contraloría o la Secretaría del Ambiente, levanten un dedo para emplazar a la empresa a detener la contaminación. Tampoco existen antecedentes de la aplicación de multa alguna a la aguatera del Estado, dijeron.
Los técnicos señalaron, además, que la sociedad con el Estado les beneficiaría con la formación del parque industrial y la multimillonaria inversión que requiere para su acondicionamiento. Este punto es mencionado en el preacuerdo firmado el pasado 21 de diciembre entre el entonces ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, y vicepresidente de RTA, Juan Pazos.
La megaindustria de aluminio anglo-australiana ahorraría en la compra del terreno para la planta y el parque industrial, así como la construcción de obras, que equivalen a un monto que fácilmente alcanzaría la suma de US$ 1.000 millones.
La infraestructura exigida incluye la habilitación de un puerto, la construcción de dos líneas de 500 kV: una que conecte la planta con la central hidroeléctrica de Itaipú, y la otra, con la de Yacyretá. Asimismo, se deben realizar inversiones en caminos, redes cloacales, telecomunicaciones, desagüe pluvial, entre otros.
Nuestro país le salvaría
Conseguir la máxima ventaja en las negociaciones impositivas y eléctricas con nuestro país salvará a la megaindustria de su declive a causa de las malas compras de Alcan en 2007 y de una fábrica de carbón en Mozambique, en 2011. La firma registró una pérdida económica de alrededor de US$ 14.000 millones por estas malas inversiones. Esto hizo que dimitiera su presidente, Tom Albanese, a fines del año pasado. Asumió en su reemplazo Jan du Plessis. En 2009, antes de este escándalo, RTA llegó al Paraguay proponiendo invertir US$ 2.500 millones en una planta de aluminio, que generará 670.000 toneladas al año y dará empleo a 800 personas. Luego subió la propuesta a US$ 4.000 millones y 1.200 puestos.