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Para muestra, señalaron que ambas instituciones otorgaron licencias para fabricación de carbón nada menos que en la Reserva Natural Morombí.
En primer lugar –dijo el fiscal Sosa a ABC Color– hay que dejar en claro los roles de cada institución y, en ese sentido, quienes son responsables del control y fiscalización de los bosques son la Seam y el Infona. “Nosotros prácticamente ya recogemos un muerto, en el sentido de que actuamos sobre hechos consumados, cuando que lo que se debe buscar es prevenir y evitar la tala de más bosques”, dijo.
Por otro lado –añadió–, prácticamente el 100% de los que deforestan sus campos o campos ajenos (ocupados o arrendados) increíblemente cuentan con licencias de la Seam y del Infona, incluso para el cambio de uso de suelo, lo cual está prohibido por la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental, y todo esto hace fracasar los intentos por enjuiciar a los responsables.
“¿Cómo se da esto? El papel aguanta todo, y estas instituciones otorgan las licencias con simples declaraciones juradas –en gabinete– sin la verificación correspondiente. Entonces, uno pide una supuesta limpieza de campo porque presuntamente solo tiene una capuera (matorrales sin árboles de volumen), las instituciones señaladas otorgan esas licencias y lo que hace realmente el propietario es deforestar cientos o hasta miles de hectáreas de bosques”, expresó Sosa.
“Entonces, cuando ya no hay caso y fracasaron la Seam y el Infona en el control y prevención, actúa la fiscalía, allanando y constatando la deforestación. Pero en ese momento, y por lo general con prepotencia, los propietarios pelan sus licencias en las caras de los fiscales y ya todo el procedimiento se desmorona”, dijo.
Sosa refirió que existe una gran corrupción que debe ser saneada, y lo peor incluso no es que los criminales ecológicos tengan licencias sino que cuando los fiscales aún así abren los procesos penales, van a los tribunales y los jueces, al ver que los documentos de la Seam y del Infona se contradicen con las pruebas fiscales, optan por absolver a los responsables y así nadie puede ser castigado a pesar de que la deforestación existió.
“Ninguno de los procedimientos fiscales es realizado por denuncias de la Seam o el Infona sino a través de estudios técnicos, con imágenes satelitales que determinan dónde se está deforestando, y allí se pide el allanamiento de las propiedades para constatar el delito”, dijo a su vez la agente fiscal Zunilda Ocampos, de Ciudad del Este.
De muestra un botón
Para demostrar que la Seam y el Infona pueden otorgar licencias a cualquiera y para lo que sea, está el caso de la aprobación del “plan de manejo forestal y producción de carbón” a Herme Feris Gamez, quien no es propietario (requisito básico) y la finca a explotar se encuentra dentro del polígono que la misma Seam declaró como área protegida privada y reserva natural.
También están el caso de las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira y varias otras propiedades.
Las autorizaciones que son otorgadas por la Seam y el Infona sirven para “blanquear” a los que talan indiscriminadamente los últimos remanentes de áreas boscosas, aseguró el fiscal adjunto del Medio Ambiente.
Los jueces tampoco colaboran en la lucha contra los crímenes ecológicos, ya que, aun teniendo las pruebas físicas de la deforestación, absuelven a los responsables que presentan los documentos de la Seam y el Infona.
“Hoy día solo un desequilibrado mental podría realizar desmontes sin tener licencias. Prácticamente todos los casos intervenidos cuentan con las autorizaciones correspondientes en las cuales se amparan”, dijo el fiscal adjunto, Jorge Sosa.