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La licitación para rehabilitación y pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con ID 243.118, se encuentra impugnada sin suspensión, a raíz de la resolución 36/13 de Contrataciones Públicas, que dio curso a la protesta de referencia.
Esta impugnación surge incluso después de la palada inicial de la obra y, por supuesto, luego de haberse firmado los contratos con las empresas adjudicadas para cada uno de los cuatro tramos de la ruta (ver cuadro).
Pero no es de extrañar la protesta de M&T y CIV, atendiendo que en la primera evaluación de la licitación, se quiso adjudicar a las firmas de Mendoza y Vallejos.
La intención fue frenada cuando se dejó al descubierto ante la Opinión Pública que si el MOPC adjudicaba a estas firmas, hubiese pagado US$ 3,5 millones más por no elegir a la menor oferta, de Green SA.
Pero no solo el precio de esta firma fue mejor, sino además, su calificación total por la capacidad técnica. Sin embargo, inicialmente el comité evaluador, liderado por el viceministro Max Rejalaga, intentó favorecer a Mendoza y Vallejos, dando una puntuación errónea a la firma Green para sacarla de carrera. Calificó con cero al profesional ambientalista, pese a que este contaba con 26 años de experiencia.
El mismo ministro Enrique Salyn Buzarquis tuvo que intervenir y ordenó la reevaluación, tras cambiar íntegramente a los integrantes del comité verificador. Al corregir el error de Rejalaga y su equipo, se vio que en realidad correspondía la adjudicación a Green.
Finalmente, el MOPC firmó contrato con esta firma por G. 111.697 millones, para el tramo dos; con EDB Construcciones para la sección uno, por 143.510 millones; con Ecomipa para el lote tres, por 160.598 millones; y con el Consorcio Talavera & Ortellado-Construpar, para el cuatro, por 120.494 millones.
Vallejos y Mendoza intentaron frenar la adjudicación a Green incluso antes de tener oficialmente el resultado de la reevaluación, pero sus fundamentos fueron desechados por carecer de veracidad. Ahora siguen insistiendo en pelear por el tramo dos de la ruta, incluso a costa de frenar la obra, por no aceptar que la oferta de sus empresas no fue la mejor.