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“Acá estamos ante un actuar, como mínimo, negligente por parte de la DNA y claramente violatorio de la Ley de Acceso a la Información. Estas prácticas van a contramano de la declamada política de transparencia del gobierno”, dijo el abogado.
Santagada refirió además que la situación presenta un doble estándar de la Ley de Acceso a la Información, ya que la institución sí respondió al Congreso y no a un ciudadano, sobre un mismo caso.
“Responder que la información solicitada será requerida a un ente que no es fuente pública de información, el cual, casi con seguridad responderá que no está obligado a dar esa información, es igual que negar la información diciendo que no se la tiene”, subrayó.