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Se refirió al caso de 106 funcionarios desprecarizados, que pasaron de contratados a permanentes en un concurso hecho el año pasado y en la anterior administración, y que algunos afectados denunciaron que nueve de esas personas no tenían la antigüedad de cuatro años para concursar, como exigen las normas.
“En definitiva, la institución hoy en día lo que va a intentar hacer o lo que pretende hacer es un estudio a través de la auditoría interna de cómo se llegó a todo este proceso en el año 2018 y establecer, en su caso, responsabilidades a funcionarios que hayan incurrido en alguna irregularidad”, expresó Guanes.
Señaló que en su dictamen sobre este caso, la SFP tampoco estableció “de manera clara y concreta que existe irregularidad. Supongo yo, (que es) porque ellos mismos han certificado el proceso”.
Apuntó que está en proceso de revisión todo ese trabajo que la SFP había certificado.
Recordó que en el dictamen de la SFP se establece que se debe conformar un equipo de trabajo a los efectos de hacer una auditoría del proceso de certificación de la Secretaría de la Función Pública. “Nosotros por nuestra parte, como institución, ya lo estamos haciendo de manera paralela”, indicó.
Respecto a los sumarios que recomienda la SFP a los responsables del concurso, Guanes dijo que aguardarán tener un panorama claro tras la auditoría interna, que esperan esté lo antes posible.