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“Hace ya casi dos meses que presentaron el pedido y, pese a la promesa de los altos funcionarios del máximo ente de control, no se hizo absolutamente nada hasta la fecha”, dijo ayer a nuestro diario el Ing. Augusto Ríos Tonina.
La solicitud de auditoría presentaron a mediados de enero. En el documento habían consignado que las cláusulas de los tres convenios de préstamos que suscribió la ANDE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) carecen de validez jurídica porque no están protocolizadas por ley y solo figuran como anexos de la Ley 5184/2014.
“Para empezar, cada contrato es diferente y debían haber sido aprobados por leyes separadas. La ley aprobada en este caso tiene solo dos hojas y termina con la firma del Presidente de la República, el resto no es ley, por consiguiente carece de validez”, dijo Ríos Tonina.
Cuestionó en la oportunidad que el Congreso Nacional haya aprobado un apéndice de esa norma, estableciendo varios puntos, entre ellos, que el contrato con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se regirá por la legislación de Inglaterra y de Gales, hecho que colisiona con nuestra Constitución.
En ese convenio, el Estado paraguayo fija domicilio legal en Londres. Por otro lado, también se establece que los préstamos del BID y de la CAF se dirimirán mediante arbitraje